La decisión de cerrar el servicio no implica de manera automática una sanción contra la clínica, sino una medida cautelar orientada a proteger a otros pacientes mientras se esclarecen las circunstancias del deceso. En Colombia, este tipo de determinaciones se sustentan en las facultades de inspección, vigilancia y control que la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 otorgan a las secretarías de salud departamentales y distritales sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que operan en su jurisdicción.
El marco de habilitación es más específico. La Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social define los estándares que debe cumplir toda IPS que preste servicios de cirugía estética: habilitación específica del servicio, quirófanos adecuados, disponibilidad de unidades de cuidados intensivos de respaldo y certificación de los profesionales que realizan las intervenciones. El incumplimiento de estos estándares puede derivar en medidas que van desde el cierre temporal de un servicio hasta la revocatoria de la licencia de funcionamiento.
La Clínica Diamanti no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Se espera que en los próximos días entregue su versión de los hechos ante la Secretaría de Salud y ante los organismos que puedan sumarse a la indagación, entre ellos la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene competencia para vigilar la calidad de la prestación del servicio en todo el país.
La Fiscalía General de la Nación podría abrir una investigación penal en paralelo al proceso administrativo si aparecen elementos que apunten a una posible responsabilidad médica en la muerte de la paciente. En Colombia, los casos de presunta negligencia se tramitan bajo las figuras de homicidio culposo o lesiones personales culposas, contempladas en el Código Penal, y suelen requerir dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer la causa exacta del deceso.
Familiares y allegados de la víctima, cuya identidad no ha trascendido, podrían además acudir a la vía civil para reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos, un camino que en el país se ha utilizado en casos previos de presunta mala praxis en cirugía estética. El caso podría llegar también a la Procuraduría General de la Nación, si se identifican posibles omisiones de servidores públicos en la vigilancia previa del centro, o a la Contraloría, si en el proceso se determinan responsabilidades fiscales asociadas a la prestación del servicio. Por ahora, ninguna de estas entidades ha anunciado actuaciones formales.
Un sector en expansión bajo escrutinio
El episodio reabre un debate recurrente sobre la regulación de la cirugía estética, un sector que ha crecido de manera sostenida impulsado por el llamado turismo de salud, con pacientes que llegan de otros países de América Latina y de EE. UU. atraídos por precios más bajos que los de sus lugares de origen. Ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá concentran buena parte de esa oferta.
No es la primera vez que un centro de esta ciudad enfrenta un cierre de la autoridad sanitaria distrital tras la muerte de una paciente sometida a un procedimiento estético. Frente a episodios de este tipo, el Ministerio de Salud ha insistido en la necesidad de fortalecer los controles sobre los centros de cirugía plástica, particularmente en la habilitación de quirófanos, la disponibilidad de cuidados intensivos de respaldo y la certificación de los profesionales que realizan las intervenciones.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano, que agrupa al gremio, ha señalado en ocasiones anteriores que la mayoría de las complicaciones graves ocurren en procedimientos realizados por personal no certificado o en instalaciones que no cumplen los requisitos de habilitación. El gremio ha insistido en que los pacientes verifiquen las credenciales de los profesionales y la habilitación vigente de los centros donde se practican las intervenciones.
Mientras avanza la investigación, la Secretaría de Salud de Barranquilla no ha precisado un plazo definitivo para la reapertura del servicio de cirugía plástica de la Clínica Diamanti, que quedará condicionada a los resultados de la inspección y a la eventual implementación de los correctivos que exija la autoridad sanitaria. El resto de los servicios que presta la clínica continuaría operando con normalidad, según lo informado hasta el momento.
