La diputada, que protagonizó varios cuestionamientos durante las sustentaciones de las entidades, enmarcó la discusión en una exigencia de control. "Este país necesita más rendición de cuentas", señaló en entrevista con La Prensa. A su juicio, ministros y directores deben explicar qué hacen con cada centavo que administran, porque se trata de dinero de todos los panameños. Entre las demandas pendientes mencionó el acceso al agua potable, los medicamentos, la atención médica de calidad y la reparación de calles.
"No hay austeridad real y no hay un plan de inversión que deje como resultado que esos 35 mil 111 millones de dólares sean en beneficio de la población", sostuvo Yamireliz Chong, diputada de Vamos.
Chong señaló partidas que, a su juicio, carecen de justificación. Durante la sustentación del Ministerio de la Presidencia preguntó por $145,000 asignados a una dependencia vinculada con la Vicepresidencia de la República, pese a que Panamá no cuenta actualmente con un vicepresidente. La explicación recibida fue que los funcionarios de esa dependencia habían sido reubicados; la diputada cuestionó que se mantuvieran recursos en una partida que, según su interpretación, ya no responde a una necesidad vigente.
Las interrogantes alcanzan la elaboración de los presupuestos institucionales. Puso como ejemplo al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, cuyo presupuesto, según explicó, contemplaba en cero las partidas de electricidad, agua y aseo. También cuestionó el manejo de los fondos que la Autoridad Marítima de Panamá recibe de empresas concesionarias para responsabilidad social empresarial, sobre los que dijo no haber hallado información clara.
La planilla de la Asamblea roza $200 millones
El caso que más detalló Chong es el de la propia Asamblea Nacional. Según las cifras que citó, la planilla legislativa ronda ya los 8,000 funcionarios y representa un gasto mensual superior a los $10 millones. El presupuesto institucional, que inicialmente era de unos $98 millones, ha aumentado hasta aproximarse a los $200 millones tras traslados de partidas y otros ajustes. "No caben 4,000, menos van a caber 6,000 personas en la Asamblea", afirmó.
Como referencia, la diputada indicó que su despacho tiene menos de diez personas y una planilla inferior a $20,000 mensuales, dentro del tope de $20,000 y hasta 20 funcionarios que, según las reglas que mencionó, corresponde a cada legislador. A su juicio, verificar el cumplimiento de esos parámetros permitiría determinar si el gasto responde a las necesidades reales de la institución. Reclamó que la administración legislativa explique dónde están esos funcionarios, a qué despachos pertenecen y qué labores desempeñan.
Las dudas se extienden a un traslado de $16 millones del Ministerio de Salud hacia la Asamblea para cubrir compromisos de planilla, y a la falta de respuesta de la Contraloría General de la República sobre las auditorías anunciadas, incluida una correspondiente a 2025. La Contraloría, encargada del refrendo de los contratos estatales y de la fiscalización de estos movimientos, no ha dado respuestas a la Comisión, según Chong. Es el mismo terreno de control del gasto que el Ministerio Público ya persigue con imputaciones formales, como en el caso de la AIG, donde se imputó peculado por $964,620 por un sistema que nunca se usó.
Chong identificó a los funcionarios con los que considera más difícil obtener respuestas: el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por el nivel técnico de sus respuestas; y el canciller, Javier Martínez-Acha, a quien describió como una autoridad que suele mostrarse evasiva. Estas dificultades, dijo, forman parte de los obstáculos que enfrenta la Asamblea al intentar fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Al concluir las vistas presupuestarias, la diputada insistió en que el Gobierno debe revisar sus prioridades de gasto para atender a una población que aún enfrenta dificultades de acceso a servicios básicos, atención médica y empleo. "Tengamos un gobierno más austero. Tengamos un mejor uso de los fondos públicos", planteó.
