El documento, elaborado a partir de las afecciones detectadas en las últimas semanas, recoge acumulación de residuos, alteración de hábitats, riesgo de incendios y presión sobre especies protegidas en varias zonas naturales de la ciudad autónoma. También señala que la ocupación de estos espacios está dificultando el normal desarrollo de las labores de limpieza y conservación que corresponden a los servicios municipales.
La primera petición formal al Ministerio es que «ejerza de manera inmediata sus potestades de recuperación posesoria» sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, la figura jurídica que la Ley de Costas de 1988 reserva al Estado para la protección del litoral. En concreto, la Consejería solicita el desalojo definitivo de los asentamientos ubicados en la playa de El Trampolín, en Benítez y en el resto de tramos del litoral afectados, con el fin de restituir estos espacios a su estado medioambiental previo y poner fin a usos incompatibles con la normativa vigente.
El Gobierno ceutí extiende la reclamación a los montes de la ciudad, donde también se han consolidado asentamientos, y pide una coordinación específica con las administraciones competentes para actuar sobre estas zonas, clasificadas como espacios naturales sensibles por su valor en biodiversidad.
La Consejería solicita además un refuerzo de la vigilancia medioambiental mediante la asignación de más efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con el objetivo de ampliar la capacidad de control sobre los espacios naturales, prevenir nuevas ocupaciones y detectar a tiempo conductas que dañen el patrimonio natural de la ciudad.
La petición se inscribe en la tensión entre las instituciones ceutíes y el Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria, que en los últimos días también ha generado movilizaciones ciudadanas: miles de personas se manifestaron en Ceuta bajo el lema «Mujeres y niñas de Ceuta», mientras el Colegio de Médicos de la ciudad había alertado de que hasta 20.000 personas permanecían sin identificar ante el riesgo de brotes sanitarios.
La entrada masiva a la que alude el comunicado remite al episodio de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas cruzaron a nado o a pie la frontera del Tarajal en dos días, según cifras del propio Gobierno, en el mayor salto migratorio registrado en la ciudad y detonante de una crisis diplomática entre España y Marruecos.
Presupuesto para la restauración futura
La Consejería advierte de que la degradación ambiental es progresiva y plantea que, una vez recuperada la normalidad en la ciudad, serán necesarias actuaciones específicas de restauración en las zonas afectadas. Por ello reclama al Miteco que habilite las partidas presupuestarias que resulten precisas para acometer esa recuperación ambiental cuando las circunstancias lo permitan.
La propia Consejería reconoce que la cuantificación definitiva de los daños y la determinación de las medidas correctoras solo podrán establecerse una vez erradicados los asentamientos y restablecida la normalidad, ya que su permanencia impide valorar con precisión el alcance de la afección y ejecutar con garantías las actuaciones de recuperación necesarias.
