La concentración se produjo en un clima marcado por la llegada de migrantes a través de la playa del Tarajal, un factor que los organizadores describieron como una «nueva normalidad» que dicen no aceptar. El Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla sostuvo que la protección de los menores debe ser la prioridad en la actuación de las administraciones.
Noelia Alcázar, una de las voces visibles de la movilización ciudadana surgida tras los episodios de julio en la frontera, leyó un manifiesto en el que invocó los principios sobre derechos de la infancia. «Los niños no están para hacer política ni para señalar culpables ni para reclamar a nadie. Esa responsabilidad es nuestra. Se lo debemos y lo haremos», afirmó. «Nuestros niños no han generado esta crisis», añadió, y reclamó que los espacios infantiles «recuperen esa función» y que playas y montes «recuperen su esencia».
El texto rechazó de forma explícita que la vuelta al cole se produzca bajo un dispositivo de seguridad extraordinario. «Queremos que lo hagan con absoluta normalidad», señaló Alcázar, que agradeció el refuerzo policial anunciado por el Gobierno pero advirtió: «Lo agradecemos, pero no lo vamos a aceptar como una normalidad». La invocación se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990, y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996.
Por parte de la Administración, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha comprometido presencia policial las 24 horas mientras persista la situación, en una actuación coordinada con el Mando Único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior no ha ofrecido de momento un balance público detallado sobre el número de efectivos asignados específicamente a la protección del entorno escolar.
La Junta de Personal Docente no Universitario ha reclamado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes medidas de refuerzo que garanticen el funcionamiento ordinario de los centros educativos. El colectivo docente pide protocolos claros ante un escenario que considera inédito en la ciudad autónoma en las últimas décadas.
La jornada de protestas no se limitó a la cuestión escolar. De forma paralela, otro grupo de manifestantes expresó su oposición a la instalación de campamentos para migrantes en el Puerto de Ceuta. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) alertó de que se trata de una infraestructura estratégica e imprescindible para la ciudad, por su condición de puerta de entrada de mercancías y conexión marítima con la península.
La Autoridad Portuaria de Ceuta rechazó que las instalaciones portuarias alberguen ese tipo de campamentos, alegando la necesidad de preservar la operatividad logística del recinto. La decisión del Gobierno de avanzar en esa instalación, conocida el sábado, provocó un rechazo ciudadano inmediato que se sumó a la convocatoria ya prevista para el domingo. La tensión entre el Ejecutivo central y sectores de la sociedad ceutí ha ido en aumento ante el temor por las consecuencias para un punto considerado estratégico.
La noche del sábado, las cámaras de seguridad del recinto portuario registraron el intento de dos personas migrantes de acceder a un ferry con destino a Algeciras (Cádiz). Agentes policiales interceptaron a ambos tras una persecución cuyas imágenes circularon ampliamente en redes sociales, un episodio que alimentó la inquietud vecinal en vísperas del inicio del curso.
Ceuta, como Melilla, ocupa una posición singular como única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, lo que la convierte históricamente en punto de fricción migratoria. La crisis de mayo de 2021, cuando en apenas dos días entraron a nado y a pie miles de personas por el Tarajal en un episodio sin precedentes recientes, marcó un antecedente directo de la actual tensión y evidenció la fragilidad de los mecanismos de control fronterizo en ambas ciudades autónomas.
El marco jurídico que regula estas situaciones combina la Ley Orgánica de Extranjería, el sistema europeo de asilo y el Acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, cuya aplicación efectiva ha sido objeto de controversia en sucesivas crisis fronterizas. La coordinación entre Madrid y Rabat resulta determinante en la gestión de los flujos migratorios que afectan a Ceuta, cuya operativa depende en gran medida de la cooperación policial marroquí.
El Ejecutivo ha situado como prioridad garantizar la seguridad de la población, incluidos los menores, sin ofrecer por ahora un calendario para la resolución de la situación.
El curso escolar arrancará el martes 8 de septiembre en Ceuta bajo un dispositivo de seguridad reforzado que las familias convocantes exigen que sea transitorio. En los próximos días se conocerá si la Delegación del Gobierno introduce cambios en el operativo y si la Autoridad Portuaria logra frenar la instalación de campamentos en el recinto del puerto, dos cuestiones que seguirán marcando la agenda de la ciudad autónoma.
