El calendario presupuestal colombiano obliga a que el proyecto de Presupuesto General de la Nación sea presentado por la administración en ejercicio antes del cambio de mandato, de manera que el Congreso disponga de tiempo para tramitarlo y sancionarlo antes de que finalice el año fiscal. Ese calendario explica por qué el gobierno saliente radicó las cuentas de 2027 pese a que sería el entrante, encabezado por De La Espriella, el que tendría que ejecutarlas.
La proposición que el Centro Democrático prepara ante las comisiones económicas no busca hundir el proyecto, sino suspender su trámite para que el Ministerio de Hacienda, ahora en cabeza de Miguel Gómez Martínez, aclare el origen y la viabilidad de tres bloques de ingresos que, sumados, rondan los $60 billones dentro de un presupuesto total de $575,6 billones. "Esta solicitud se hace como un ejercicio de responsabilidad con el país, con el fin de permitirle al gobierno del presidente De La Espriella corregir los graves problemas que presenta el proyecto radicado por el gobierno anterior", señaló la publicación del partido.
El primer reparo se concentra en $30,2 billones catalogados como ingresos contingentes, es decir, recursos cuya materialización depende de que el Congreso apruebe posteriormente una iniciativa que permita conseguir recursos adicionales. La bancada pide que Hacienda precise la base gravable de esa eventual fuente, el monto esperado de recaudo, el cronograma de entrada de los recursos y qué ocurriría con el gasto ya programado si esa iniciativa no se aprueba o el recaudo resulta inferior a lo proyectado.
Un segundo bloque de $17 billones aparece registrado bajo el rubro de "otros recursos de capital", una categoría que, según el planteamiento del partido, requiere que el Ministerio explique si esos dineros provienen de operaciones de crédito, recuperación de activos, rendimientos financieros o excedentes de liquidez. El tercer componente, cercano a los $13 billones dentro de las rentas de capital, tampoco contendría —según la proposición— soportes técnicos suficientes para comprobar su origen, cuantificación, disponibilidad y posibilidad efectiva de recaudo.
Marco fiscal y advertencias de los órganos de control
La solicitud invoca la necesidad de que las cifras del presupuesto sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y la senda de ajuste que exige la regla fiscal colombiana, vigente desde la Ley 1473 de 2011 y ajustada por la Ley 2155 de 2021. Esa regla fija límites al déficit y a la deuda del Gobierno central, y su cumplimiento es vigilado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, cuyas observaciones —junto con las del Banco de la República— la bancada pide incorporar antes de que se surta el primer debate.
La proposición también recoge advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de desfinanciación y sobre el peso creciente del servicio de la deuda pública en el gasto total, factor que, según el planteamiento, podría comprimir los recursos disponibles para funcionamiento e inversión. A ello suma la petición de explicar cómo las proyecciones de recaudo afectarían al Sistema General de Regalías, mecanismo que distribuye a departamentos y municipios los recursos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, ante el riesgo de menores ingresos para financiar proyectos de inversión de las entidades territoriales.
El trasfondo político no es menor: el proyecto fue radicado por la administración saliente, mientras que su ejecución recaería en el gobierno de De La Espriella, posesionado apenas dos días antes del anuncio del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe. La coincidencia entre el cambio de gobierno y el examen de unas cuentas heredadas sitúa en el centro del debate hasta qué punto el nuevo Ejecutivo comparte las proyecciones fiscales dejadas por la administración anterior.
La devolución de un proyecto de presupuesto a instancias del Congreso no es inédita: en distintas legislaturas las comisiones económicas han exigido ajustes o aclaraciones adicionales al Ministerio de Hacienda antes de dar curso a la ponencia, aunque rara vez ese trámite ha derivado en el archivo total del proyecto. La normativa presupuestal prevé que, si el Congreso no aprueba las cuentas antes del cierre de la vigencia legislativa, rija por decreto el presupuesto vigente, un mecanismo de continuidad que evita la parálisis del gasto.
El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá completarse dentro de los plazos constitucionales previstos para su aprobación; de no lograrlo, regiría por decreto el presupuesto de la vigencia anterior, un escenario que en la práctica limitaría la capacidad del nuevo gobierno para ajustar el gasto a sus propias prioridades durante su primer año de mandato.
