El informe de Fedea desagrega el pago de intereses año por año: Cataluña afrontaría 1.968 millones en 2026, 2.202 millones en 2027, 2.535 millones en 2028 y 2.968 millones en 2029, hasta sumar los 9.673 millones citados. Se trata de la comunidad que concentraría la mayor factura de intereses de toda España en ese horizonte temporal, por delante de regiones con mayor deuda relativa sobre su PIB.
La Comunidad Valenciana, que soporta el mayor peso de deuda en proporción a su economía según los datos manejados por Fedea, pagaría hasta 2029 un total de 6.649 millones en intereses, algo más de 3.000 millones menos que Cataluña en términos absolutos. La diferencia se explica por el volumen bruto de deuda acumulada, muy superior en el caso catalán. El contraste con la Comunidad de Madrid, que no recurrió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), resulta aún más pronunciado: afrontaría 5.145 millones en intereses hasta 2029, prácticamente la mitad que Cataluña. Andalucía, señalada por el propio Ejecutivo central como la comunidad más beneficiada por la propuesta de quita, pagaría 4.438 millones en el mismo periodo.
Fedea añade que Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido las dos autonomías que más han incrementado su deuda desde 2022. Según sus proyecciones, el pasivo catalán alcanzaría los 91.413 millones de euros en 2029, equivalentes al 23,7% del PIB regional. El propio informe matiza que ese porcentaje se reduce únicamente por el crecimiento del producto interior bruto, ya que el volumen de deuda en términos absolutos continuará aumentando durante todo el periodo analizado.
Un compromiso nacido de la investidura de Illa
La condonación de deuda autonómica, cifrada en unos 15.000 millones de euros para el caso catalán, formó parte de los compromisos que permitieron la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat en 2024, con el respaldo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. El Gobierno de Pedro Sánchez aceptó entonces la exigencia de los republicanos y, solo después, la extendió como propuesta al resto de comunidades autónomas.
La iniciativa se enmarca en el sistema de financiación autonómica regulado por la Constitución de 1978 y desarrollado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980, cuya reforma lleva años pendiente de consenso entre territorios. El FLA, creado en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy para socorrer a las comunidades con dificultades de acceso a los mercados de deuda, es el instrumento a través del cual Cataluña y otras regiones han financiado buena parte de su déficit en la última década.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado la quita. Sus dirigentes sostienen que se trata de una propuesta pactada de forma bilateral con una sola formación política, sin el consenso previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde se coordinan Estado y autonomías en materia de financiación. Argumentan además que la deuda condonada no desaparece, sino que se traslada al conjunto de los contribuyentes españoles, por lo que reclaman una reforma integral del modelo de financiación en lugar de lo que califican como un parche sobre la deuda.
El Gobierno defiende que la medida beneficia de forma proporcional a más territorios que a Cataluña, y cita el caso andaluz como ejemplo de reparto. El Ministerio de Hacienda está dirigido por María Jesús Montero, quien también es vicepresidenta primera del Ejecutivo. La propuesta afecta a las diecisiete comunidades, cuyos responsables económicos se sientan junto al Estado en el mencionado Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Junts sostiene la tramitación en el Congreso
El trámite parlamentario avanza con lentitud. A finales de julio de 2026, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox gracias a los votos de Junts per Catalunya, lo que permitió que la ley siguiera su curso hacia la fase de enmiendas parciales. La formación de Carles Puigdemont, pese a sus discrepancias con el PSOE en otros frentes, ha mantenido hasta ahora su respaldo a la tramitación de la condonación.
No existe un precedente directo de una operación de condonación de deuda autonómica de este calado desde la creación del actual sistema de financiación. El FLA nació en 2012 como mecanismo de rescate para las comunidades incapaces de financiarse en los mercados durante la crisis de deuda soberana, pero se articuló como préstamos del Estado a las regiones, no como una asunción de su pasivo. La quita ahora debatida plantea, por primera vez, que la Administración central absorba una parte de esa deuda.
El calendario de la ley depende ahora del ritmo de negociación de las enmiendas parciales en el Congreso, sin una fecha cerrada de aprobación definitiva. De salir adelante, el texto deberá fijar los porcentajes exactos de condonación por comunidad y el mecanismo de asunción de esa deuda por parte de la Administración central, un extremo que hasta ahora solo ha sido objeto de estimaciones y que previsiblemente marcará el debate del próximo curso parlamentario.
