El encargo se produjo durante el mandato conjunto de ERC y Junts al frente de la Generalitat. El documento, redactado íntegramente en catalán, fue además traducido al inglés a través de los servicios corporativos de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones (EADOP), sin coste adicional para el departamento. La Generalitat desconoce cuánto cobró cada uno de los autores, ya que solo dispone del importe total de la partida.
El impacto ciudadano del manual fue reducido: desde enero de 2024 ha registrado 18 descargas únicas y ningún ejemplar impreso en papel, según los datos aportados por la propia administración catalana.
El manual argumenta que el término «terrorismo yihadista» «está colectivizando un concepto que pertenece a toda la comunidad musulmana» y que su uso «traiciona el verdadero significado del yihad». La crítica se extiende a la expresión «terrorismo islamista», que el documento considera potencialmente estigmatizante porque «relaciona el terrorismo de grupos como Al Qaeda o Daesh con el conjunto de estos movimientos políticos».
«Se está colectivizando un concepto que pertenece a toda la comunidad musulmana», sostiene el manual del Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña.
Como alternativa, el informe propone referirse a la denominación concreta de cada organización —«terrorismo de Al Qaeda» o «terrorismo de DAESH»— o emplear categorías teológicas más acotadas como «terrorismo takfirista» o «salafismo yihadista», que considera «más precisas y menos perjudiciales».
Jóvenes radicalizados como víctimas
El documento defiende tratar a los jóvenes en proceso de radicalización no como una amenaza sino «como una víctima que necesita sobre todo ayuda y apoyo». Rechaza los indicadores de alerta empleados en protocolos policiales europeos y afirma que «en ningún caso» las creencias religiosas, el cambio de aspecto físico o la vestimenta pueden catalogarse como señales de radicalización, un planteamiento que se aparta de los criterios que emplean los cuerpos de seguridad para la detección temprana de posibles procesos de radicalización.
«Como una víctima que necesita sobre todo ayuda y apoyo», describe el manual a los jóvenes en proceso de radicalización.
El informe defiende además la legitimidad de las ideas radicales siempre que respeten los derechos humanos, y cita como ejemplos a Rosa Parks, Martin Luther King o Clara Campoamor para sostener que se puede ser «radicalmente democrático, feminista o ecologista». También cuestiona el uso del derecho penal antiterrorista, al considerar que la búsqueda de información en internet sitúa al sistema judicial al borde de penalizar el «delito de pensamiento», y advierte del riesgo de que la normativa acabe criminalizando la protesta pacífica al equipararla con el terrorismo.
La revelación llega en un momento de tensión sobre el reparto de competencias entre Moncloa y la Generalitat, después de que el Gobierno central explorara ceder a Cataluña competencias en materia migratoria en paralelo a la crisis de Ceuta, donde miles de migrantes han ocupado las lomas fronterizas y frustrado el plan de normalización del Gobierno.
