El plan del Ejecutivo pasaba por trasladar al grupo localizado en la zona conocida como El Trampolín, pero ese contingente, según el relato del operativo, no llegó a moverse: «La gente del Trampolín ni llegó», resume la descripción del episodio. En su lugar, miles de personas procedentes de otros puntos del monte ceutí ocuparon el espacio que se pretendía liberar, replicando el patrón de los últimos meses, en el que cada intento de despeje se topa con nuevas llegadas que igualan o superan el número de personas realojadas.
La cifra de personas en situación irregular en Ceuta no ha dejado de crecer pese a los sucesivos operativos, lo que cuestiona la eficacia de una estrategia basada en traslados puntuales sin una solución de fondo sobre el estatuto de quienes cruzan la frontera con Marruecos. Las playas, el entorno portuario y las lomas fronterizas, los tres escenarios que concentran la crisis, siguen ocupados en la práctica.
El episodio se inscribe en la tensión institucional entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central. Ceuta requirió a Sánchez por vía administrativa para que resuelva en el plazo de un mes los expedientes de expulsión pendientes, una exigencia que refleja el desgaste de la relación entre las autoridades locales y La Moncloa en la gestión de la frontera sur.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, había denunciado días antes una campaña para frenar las soluciones adoptadas en Ceuta y afirmó que se iba a trasladar a 1.800 migrantes en una sola jornada, según la denuncia que formuló públicamente. Ese anuncio de traslados masivos contrasta con la situación descrita ahora, en la que el operativo se vio desbordado por la llegada simultánea de otro contingente de magnitud similar.
La gestión ceutí alimenta además el choque entre el Gobierno y el PP, después de que el Ejecutivo calificara de «irresponsable» la postura del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre el traslado de migrantes desde la ciudad autónoma a la península. El intercambio de acusaciones ha situado a Ceuta en el centro del debate migratorio nacional.
A la presión sobre el terreno se suma el papel de Marruecos: según informaciones recientes, Rabat frenó el retorno de 800 menores no acompañados y se negó a hacerse cargo de los 88 fallecidos en la tragedia migratoria de Ceuta, un factor que complica cualquier negociación bilateral sobre el control de la frontera. El marco jurídico aplicable remite a la Ley de Extranjería y a los acuerdos bilaterales de readmisión entre España y Marruecos, que regulan tanto los expedientes de expulsión como la devolución de menores, y cuya aplicación efectiva depende de la cooperación de las autoridades marroquíes.
El precedente lo marca mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta a nado o a pie en dos días tras la relajación del control fronterizo marroquí, el mayor episodio de entrada irregular masiva registrado en la ciudad. Cinco años después, los sucesivos intentos de reordenar la presencia de personas en situación irregular no han logrado reducir de forma duradera la cifra total, que sigue en aumento pese a los traslados ejecutados.
