Las declaraciones de Herrera se produjeron tras una reunión con un grupo de ingenieros convocados por Camacol para evaluar los efectos del movimiento telúrico sobre las edificaciones del suroccidente colombiano, una de las regiones con mayor actividad sísmica del país por su cercanía a la zona de subducción entre las placas de Nazca y Suramérica.
"Lo que hemos visto acá, y lo repito, después de la reunión con los ingenieros que nos acompañaron el día de hoy, es que la norma de sismorresistencia en Colombia, la NSR-10, nos puede dar parte de tranquilidad de que las edificaciones que se construyeron a la luz de esas disposiciones de diseño tuvieron un comportamiento muy bueno durante el sismo", afirmó el dirigente gremial. Añadió que, según la información revisada hasta el momento, las edificaciones de afiliados a Camacol que cumplen esos estándares no registraron colapsos.
La NSR-10 es el reglamento técnico que desarrolla la Ley 400 de 1997 y establece los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones colombianas para reducir las pérdidas de vidas y los daños patrimoniales ante eventos sísmicos. El marco tiene un antecedente directo en el terremoto de Armenia de enero de 1999, que devastó buena parte del eje cafetero y dejó miles de muertos y damnificados, y que impulsó en el país el endurecimiento progresivo de los estándares de construcción sismorresistente.
Herrera explicó que la norma contempla distintos niveles de comportamiento según la intensidad del sismo. "En un sismo leve, las edificaciones deben resistir sin ningún daño. En un sismo moderado, las edificaciones deben resistir y pueden tener daños no estructurales", detalló el presidente de Camacol.
Para eventos de mayor magnitud, como el registrado el 10 de agosto, la norma admite afectaciones estructurales siempre que se preserve la estabilidad general de la edificación. "Y en un sismo tan fuerte, de capacidad destructiva como el que tuvimos aquí, una edificación debe resistir y puede sufrir daños estructurales y no estructurales, pero no colapsar", sostuvo Herrera, en lo que constituye el criterio técnico central que la norma exige a los diseñadores estructurales.
Una conclusión preliminar sobre los derrumbes
Sobre las edificaciones que sí colapsaron en Cali, el dirigente gremial fue cauteloso. "Parece ser, y la evidencia que tenemos hasta el momento, es que las edificaciones que colapsaron eran edificaciones que no estaban construidas dentro del régimen NSR-10", indicó, sin precisar antigüedad, ubicación exacta ni número de estructuras afectadas por este patrón. Aclaró que la determinación de las causas requerirá estudios estructurales detallados, caso por caso.
El terremoto del 10 de agosto causó daños en miles de edificaciones en distintas zonas del país, de acuerdo con los reportes preliminares tras el sismo. Cali, capital del Valle del Cauca y una de las ciudades más pobladas de Colombia, resultó la más afectada por la cercanía al epicentro del movimiento.
Camacol, que agrupa a buena parte de los constructores del país, señaló que continúa participando en la revisión técnica de los daños junto con ingenieros estructurales, en un proceso que busca establecer con mayor precisión los factores que explican el comportamiento diferenciado entre las edificaciones que resistieron y las que no lo hicieron.
El episodio ocurre mientras el país adelanta la actualización de la norma de sismorresistencia, un proceso que, según indicó Herrera, comenzó hace varios años y continúa en desarrollo. Los hallazgos preliminares del gremio podrían alimentar ese trámite, en la medida en que el distinto comportamiento entre construcciones antiguas y recientes suele invocarse como argumento técnico para revisar los estándares aplicables a edificaciones anteriores a la norma vigente.
Hasta el momento no se ha entregado un balance definitivo sobre el número de edificaciones colapsadas ni sobre la responsabilidad constructiva de cada caso. En el ordenamiento colombiano, la vigilancia de licencias de construcción recae en las curadurías urbanas y en las alcaldías, mientras que la eventual apertura de indagaciones penales por incumplimiento normativo con consecuencias graves correspondería a la Fiscalía General de la Nación.
El caso reabre un debate recurrente en la política de vivienda colombiana sobre el control efectivo de las alcaldías en la vigilancia del cumplimiento de la normativa sismorresistente, especialmente en edificaciones anteriores a la entrada en vigor de la NSR-10 o levantadas fuera de los circuitos formales de construcción certificada. La determinación técnica y jurídica de las causas de los colapsos dependerá de los estudios estructurales que se adelanten en las próximas semanas y del balance oficial que emitan las autoridades de gestión del riesgo.
