El BAB es una organización sin ánimo de lucro que articula donaciones de alimentos provenientes de la industria, el comercio y particulares para distribuirlas entre comedores comunitarios, hogares de paso, fundaciones y familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá y, a través de alianzas regionales, en otros departamentos. Su modelo replica el de los bancos de alimentos existentes en otras ciudades del país, articulados a escala nacional por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).
De acuerdo con el balance, Buenaventura se ubicó en primer lugar con 65 toneladas de ayuda entregada, por delante de Pereira, con 53. El puerto vallecaucano ha sido históricamente uno de los territorios con mayores brechas de pobreza y de acceso a servicios básicos del país, pese a concentrar buena parte del comercio exterior colombiano que mueve la carga a través de sus terminales marítimas sobre el océano Pacífico.
Pereira, capital de Risaralda y epicentro del Eje Cafetero, aparece en segundo lugar. La ciudad, con una economía tradicionalmente ligada a la caficultura y en los últimos años también al comercio y los servicios, ha registrado presiones sobre la demanda de asistencia alimentaria asociadas a población migrante y a hogares en situación de informalidad laboral, un fenómeno que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mide de manera periódica a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
El resto del balance no ha sido detallado en la información disponible, por lo que no es posible precisar cuántas toneladas se distribuyeron en otros territorios ni el listado completo de municipios beneficiados por el BAB en lo corrido de 2026. Tampoco se ha aclarado si la asignación en Buenaventura y Pereira responde a convenios puntuales con autoridades locales, a alianzas con otras organizaciones humanitarias o a solicitudes específicas de las comunidades beneficiarias.
El modelo de bancos de alimentos no es nuevo en Colombia. La primera experiencia formal se remonta a comienzos de la década de 2000 en Bogotá, inspirada en iniciativas similares desarrolladas en otros países de América Latina, con el propósito de reducir el desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano y canalizarlos hacia poblaciones vulnerables. Desde entonces, la red se ha expandido a varias capitales departamentales bajo la coordinación de ABACO.
El funcionamiento de estas organizaciones se sustenta en donaciones de empresas del sector agroindustrial, cadenas de supermercados y productores que entregan excedentes o productos próximos a vencer pero aún aptos para el consumo. El marco legal colombiano se apoya en la Ley 1990 de 2019, conocida como la ley contra el desperdicio de alimentos, que establece un régimen de incentivos y de donación orientado a favorecer este tipo de iniciativas y a reducir las pérdidas en la cadena de abastecimiento.
La labor de los bancos de alimentos ha cobrado relevancia en un contexto en el que distintos organismos han documentado dificultades de acceso a una alimentación adecuada en parte de los hogares. El DANE mide la pobreza monetaria y multidimensional del país, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hace seguimiento a la inseguridad alimentaria a escala regional, indicadores que sirven de referencia a las organizaciones humanitarias para orientar su operación.
La entrega de ayuda alimentaria en el país ha estado vinculada, en años recientes, a episodios de emergencia derivados de desastres naturales, desplazamiento forzado y crisis migratoria, particularmente en zonas fronterizas y portuarias. En ese marco, el papel de organizaciones como el BAB suele plantearse como complementario, y no sustituto, de la política pública de seguridad alimentaria que corresponde al Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social y del Departamento para la Prosperidad Social.
Las autoridades locales de ambos municipios no se han pronunciado sobre el balance divulgado, por lo que no ha sido posible contrastar la versión de las alcaldías de Buenaventura y Pereira sobre el impacto de la ayuda recibida ni sobre eventuales necesidades adicionales identificadas en sus territorios. El propio BAB tampoco ha detallado los criterios de priorización territorial que aplicó para concentrar los mayores volúmenes en estos dos municipios.
De cara a los próximos meses, no se ha informado si el BAB prevé actualizar nuevamente su balance de distribución territorial ni si Buenaventura y Pereira mantendrán su posición como los principales receptores de ayuda. La organización tampoco ha anunciado metas específicas de recolección o distribución para lo que resta de 2026, de modo que el seguimiento a futuros reportes será la vía para verificar si la tendencia se sostiene.
