La Comisión Europea ha comunicado esta tarde a la representación permanente de Hungría en Bruselas la decisión de activar el primer tramo condicionado del fondo de recuperación bloqueado desde 2022, por un importe inicial de 3.000 millones de euros. La decisión, formalizada en una nota reservada y publicada también en versión resumida en la web institucional de la Comisión, establece tres condiciones operativas que el nuevo gobierno de Péter Magyar debe cumplir antes del 15 de mayo. Son tres hitos concretos, medibles y verificables, diseñados explícitamente para evitar la retórica condicional que ha lastrado los expedientes europeos durante la última legislatura.
Hito número uno: publicación en el boletín oficial húngaro del decreto de auditoría externa del Tribunal Constitucional antes del 2 de mayo. La Comisión exige que la composición del panel auditor sea comunicada oficialmente a Bruselas con al menos cuarenta y ocho horas de antelación y que al menos dos de sus tres miembros sean juristas con experiencia previa en tribunales constitucionales de otros Estados miembros. Este requisito responde a una preocupación concreta: evitar que el panel quede capturado por jueces vinculados al propio Fidesz.
Hito número dos: convocatoria formal de la Comisión Nacional de la Verdad antes del 10 de mayo, con publicación simultánea de su mandato, de su reglamento interno y de la lista de miembros titulares y suplentes. La Comisión ha subrayado que verificará el cumplimiento de este requisito a través de su representación en Budapest y que cualquier retraso injustificado activará automáticamente la suspensión del desbloqueo. Es la primera vez en la historia de los fondos europeos condicionados que Bruselas ata un desembolso a la creación efectiva de un órgano parlamentario de investigación.
Hito número tres: formalización en el Consejo de Asuntos Generales del próximo 13 de mayo de la retirada del veto húngaro al expediente de adhesión de Ucrania. El gesto, que Magyar ya ha anunciado políticamente, debe quedar convertido en un voto formal para que la Comisión considere cumplido el hito. Bruselas ha exigido también que la retirada del veto venga acompañada por una declaración conjunta húngaro-ucraniana sobre el corredor humanitario por el paso de Beregsurány, del que ya se habló durante la conversación telefónica de esta mañana entre Magyar y el embajador ucraniano en Budapest.
Si los tres hitos se cumplen antes del 15 de mayo, la Comisión transferirá los 3.000 millones en tres tramos mensuales consecutivos: 1.000 millones el 20 de mayo, 1.000 el 20 de junio y los 1.000 millones restantes el 20 de julio. Si alguno de los hitos no se cumple en plazo, la transferencia queda automáticamente suspendida hasta la siguiente verificación trimestral. El modelo es idéntico al que Bruselas aplica a Polonia desde 2024 y ha demostrado ser técnicamente eficaz: una vez que el gobierno receptor ve el calendario escrito, la tasa de cumplimiento ronda el 94%.
En Polonia, las condiciones se referían sobre todo a la independencia judicial y tardaron cerca de dos años en cerrarse. En Hungría, la Comisión ha optado por un enfoque más amplio: mezcla tres dimensiones distintas (el control constitucional, el saneamiento institucional y la política exterior) en un solo paquete de exigencias. Es una apuesta arriesgada pero coherente con el diagnóstico del servicio jurídico de la Comisión: 'el problema húngaro no fue un problema técnico sino estructural, y por tanto requiere una respuesta estructural'.
En Budapest, el gabinete del primer ministro electo ha recibido el documento con tranquilidad. Fuentes cercanas a Magyar aseguran que los tres hitos 'ya estaban dentro de la hoja de ruta interna' y que el calendario 'es asumible sin necesidad de forzar ninguna reunión adicional'. En privado, sin embargo, admiten que la verdadera dificultad no estará en convocar la Comisión de la Verdad (eso ya se ha anunciado) sino en garantizar que las listas de miembros estén aprobadas en sede parlamentaria antes del 10 de mayo. Para eso, el Tisza necesita negociar con una oposición que todavía está procesando la derrota del lunes. Es una negociación que empezará, posiblemente, el viernes.
España, a través de su representación permanente en Bruselas, ha respaldado el paquete de condiciones y ha felicitado a la Comisión por el 'enfoque operativo'. La declaración, firmada por la ministra de Asuntos Exteriores y comunicada a las siete y veinte de la tarde, es especialmente relevante porque el Gobierno español ha sido uno de los impulsores del modelo condicional desde hace más de un año. En Moncloa, la lectura es doble: se desbloquea un fondo que benefició indirectamente a los exportadores españoles a Centroeuropa, y se demuestra que el mecanismo del artículo 7 puede ser utilizado con eficacia cuando hay voluntad política real.
