Esa cifra —8.201 mujeres acompañadas en poco más de dos años, según la propia Secretaría Distrital de la Mujer— sitúa a la capital ante un problema de difícil medición fuera de los canales institucionales de denuncia. El grueso de las víctimas identificadas se concentra entre los 18 y los 28 años, según los mismos registros distritales, un patrón coherente con la mayor exposición de las mujeres jóvenes a redes sociales y plataformas de mensajería.
Entre las modalidades de agresión más reportadas figuran el hostigamiento sistemático, los discursos de odio y la sextorsión —el uso de material íntimo como herramienta de presión o chantaje—, además de la suplantación de identidad, en la que terceros utilizan fotografías o datos personales de una mujer para hacerse pasar por ella sin su consentimiento. A ello se suman los riesgos derivados de una protección insuficiente de los dispositivos y la información personal, todos ellos ejes del temario del curso.
El programa, que combina modalidad presencial y virtual, busca, según la Secretaría, "fortalecer las capacidades de las participantes para reconocer las distintas manifestaciones de las violencias digitales basadas en género y actuar de manera informada frente a ellas". La actualización de contenidos se produjo mediante la gestión de los Centros de Inclusión Digital de Bogotá, con el respaldo de la Embajada de Portugal y de la Fundación Karisma, organización colombiana especializada en derechos digitales.
La iniciativa no es nueva: el programa arrancó en 2023 y desde entonces cerca de mil mujeres han pasado por sus aulas, según la propia entidad. La convocatoria actual representa así una fase de continuidad y actualización de contenidos más que un lanzamiento desde cero. La Secretaría enmarca el objetivo en que las participantes ganen "mayor seguridad, autonomía y confianza" en su interacción con el entorno digital.
Un marco jurídico fragmentado
La violencia digital de género no cuenta con una tipificación penal específica y unificada en el ordenamiento colombiano. En la actualidad, conductas como la sextorsión o la difusión no consentida de contenido íntimo se abordan de forma indirecta a través de figuras como la extorsión y la injuria del Código Penal, y de los delitos informáticos incorporados por la Ley 1273 de 2009, que penaliza el acceso abusivo a sistemas y la violación de datos personales. La Ley 1257 de 2008, que sanciona distintas formas de violencia contra las mujeres, es la norma marco a la que se han ido acoplando las políticas distritales de género.
El precedente institucional de esta línea de política pública en Bogotá se remonta a la creación de la Secretaría Distrital de la Mujer en 2007, primera entidad de su tipo entre las grandes capitales de la región, y a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que ampliaron el acompañamiento territorial. La incorporación de la dimensión digital a ese entramado es un desarrollo mucho más reciente, ligado a la expansión del acceso a internet y a los teléfonos inteligentes en el país.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el acceso a internet en los hogares colombianos ha crecido de forma sostenida en la última década. Las autoridades distritales vinculan ese avance con el aumento de denuncias por violencias digitales, aunque advierten que buena parte de los casos seguiría sin reportarse por desconocimiento de los canales de denuncia o por estigma social.
La comparación regional resulta pertinente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que la violencia digital contra las mujeres es un fenómeno transversal en América Latina, con países como México, Argentina y Chile desarrollando en paralelo marcos normativos y programas de prevención, aunque con grados de avance desiguales en materia de tipificación penal y acompañamiento institucional.
La Secretaría Distrital de la Mujer no ha ofrecido, de momento, un desglose público sobre el perfil socioeconómico o la localización por zonas de la ciudad de las mujeres atendidas, ni sobre el porcentaje de casos que derivaron en denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación. Tampoco ha precisado si el aumento de casos reportados entre 2024 y 2026 responde a un incremento real de las agresiones o a una mayor disposición a denunciar gracias a la existencia de estos programas.
Desde el punto de vista procedimental, las interesadas deben dirigirse a los canales habilitados por la Secretaría de la Mujer antes del 27 de julio. La entidad no ha informado de un límite de cupos ni de requisitos previos más allá de los perfiles a los que se orienta el programa, que se impartirá con materiales didácticos de participación activa a partir de la primera semana de agosto.
De cara a los próximos meses, el indicador de continuidad del programa será su capacidad de sostenerse y ampliar cobertura más allá de las cerca de mil mujeres formadas desde 2023, una cifra todavía modesta frente a las 8.201 víctimas atendidas en el último bienio. La articulación con la Fiscalía y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha desarrollado el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales como garantías fundamentales, condicionará que la respuesta educativa se complemente con mecanismos judiciales efectivos frente a estas formas de violencia.
