El Real Decreto 316/2026, aprobado por el Consejo de Ministros de ayer martes, se ha publicado esta noche en el BOE bajo la fórmula habitual de 'edición de cierre' — una excepción procedimental que obliga a la imprenta oficial a mantener turnos hasta después de las diez de la noche cuando el Gobierno quiere que una norma entre en vigor al día siguiente sin demoras. Esta vez la norma no podía esperar: el texto entra en vigor mañana jueves 16 de abril a las cero horas, y el propio real decreto fija la apertura de las ventanillas telemáticas exactamente nueve horas después.
Las cifras que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones siguen siendo, en el papel, las mismas que se comunicaron en la sala de prensa de Moncloa el martes por la tarde: 512.000 personas en situación administrativa irregular residentes en España desde antes del 1 de enero de 2026 y sin antecedentes penales. Pero las cifras reales, las que manejan los funcionarios de extranjería en privado, son otras. Entre quinientos cincuenta mil y seiscientos diez mil. 'El cálculo oficial se queda corto porque no computa los procedimientos abiertos que pueden suspenderse para reentrar por la vía extraordinaria', explica a este periódico un jefe de unidad de una delegación del Gobierno de la zona centro que pide no ser citado.
El texto publicado incluye, y esto es lo que nadie esperaba encontrar al detalle en un real decreto aparentemente técnico, una disposición transitoria segunda que abre una segunda puerta: los solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido denegada en los últimos dieciocho meses podrán acogerse al procedimiento siempre que acrediten no haber salido del país. La disposición añade, entre cuatro y seis mil expedientes más al cómputo, según las estimaciones que este periódico ha contrastado con dos fuentes distintas del propio ministerio.
Hay un párrafo del preámbulo que llevaba días pegándose al contorno del edificio político: el que reconoce, en una frase casi leal a la doctrina del propio TJUE, que 'la regularización extraordinaria no puede entenderse como un premio ni como una amnistía, sino como el reconocimiento material de una presencia que el tejido económico español ya ha asumido como indispensable'. La fórmula —diseñada en el gabinete de la secretaría de Estado de Migraciones— es deliberadamente neutra. Pretende neutralizar, a priori, la ofensiva jurídica que el Partido Popular lleva tres semanas afilando en su departamento de estudios.
En Génova, la reacción no se ha hecho esperar. Apenas quince minutos después de la publicación del boletín, el portavoz parlamentario del PP ha emitido una nota en la que confirma que el grupo presentará mañana jueves un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El texto del recurso, según han filtrado a este periódico fuentes del propio grupo, se centra en la cuestión competencial: se cuestiona la habilitación legal del real decreto para modificar, vía disposición transitoria, aspectos sustantivos de la Ley Orgánica de Extranjería. Es un camino jurídico difícil —el Constitucional ha dado la razón al Gobierno en causas similares— pero obliga a poner el contador en marcha.
El verdadero test técnico del decreto, sin embargo, empezará mañana a las nueve y un minuto, cuando se abran de forma simultánea los servidores de la sede electrónica de Inclusión y los sistemas de cita previa de las delegaciones del Gobierno. La sede electrónica del ministerio ha sido reforzada en la última semana con una ampliación de capacidad en los servidores contratados con Red.es: tres veces la capacidad habitual. Aun así, fuentes del equipo técnico reconocen, a puerta cerrada, que 'los primeros ciento ochenta minutos van a ser el punto más delicado'. Traducido: esperan que el sistema aguante hasta el mediodía. Después, dicen, 'que Dios reparta suerte'.
El procedimiento, que los funcionarios llaman en jerga interna 'el 316', se resuelve en cinco pasos concretos. Identificación con sistema Cl@ve, carga de documentación acreditativa de arraigo (empadronamiento continuo desde antes del 1 de enero, vida laboral o contrato, certificado médico cuando proceda), declaración responsable de ausencia de antecedentes, generación automática de un número único de expediente, y entrega inmediata de un resguardo con valor provisional. Ese resguardo, según aclara la disposición adicional cuarta, servirá desde mañana mismo como documento habilitante para firmar contratos laborales, alquileres y apertura de cuentas bancarias. Es, en la práctica, un documento de identidad provisional de seis meses.
La cifra de ventanillas físicas, por si acaso, también se ha redimensionado a última hora. Las delegaciones del Gobierno abrirán mañana con un refuerzo de 1.740 plazas adicionales de cita presencial en toda España, distribuidas según una fórmula que ha levantado el primer conflicto territorial del proceso: Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentran el 62% del refuerzo, mientras Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja comparten un 4%. El cálculo se ha hecho sobre la base del empadronamiento irregular estimado, pero Isabel Díaz Ayuso ya ha pedido esta noche, en una nota de su gabinete, 'revisar al alza la cuota de Madrid'. No es la primera vez que lo pide. Tampoco será la última.
Queda, como siempre en estos procedimientos, la pregunta que nadie quiere contestar del todo en sede política: ¿qué pasará con los expedientes que queden fuera del corte de admisibilidad? El real decreto fija un plazo extraordinario de seis meses para la presentación de solicitudes, pero no dice qué se hará con las denegaciones. La disposición adicional sexta se limita a mencionar, en un lenguaje deliberadamente ambiguo, que 'los supuestos no amparados por este procedimiento seguirán el cauce ordinario'. Traducido: los que queden fuera esta vez volverán a la casilla de partida de la Ley de Extranjería. Y en esa casilla, el tiempo medio de resolución de un arraigo ordinario sigue siendo, hoy por hoy, de trece meses.
