La convergencia discursiva entre la presidenta madrileña y el presidente de Vox se produce en un contexto de tensión recurrente en la frontera sur española, donde Ceuta y Melilla constituyen los únicos puntos de contacto terrestre entre la Unión Europea y el continente africano fuera de los cruces marítimos del Mediterráneo. Ambas ciudades autónomas, con estatutos propios desde 1995, han sido escenario histórico de episodios de presión migratoria vinculados a la relación bilateral con Rabat.
El precedente más recordado se produjo en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes, en lo que el Gobierno español calificó entonces de represalia diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella crisis marcó el punto más bajo de las relaciones bilaterales de la última década.
Ayuso, que mantiene desde hace años una línea de crítica frontal a la política migratoria y exterior del Ejecutivo central, cuestionó los gestos de agradecimiento expresados por Sánchez hacia las autoridades marroquíes. Sus palabras aluden al giro diplomático de marzo de 2022, cuando España reconoció el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto, un movimiento que rompió con más de cuatro décadas de neutralidad española en el contencioso saharaui. Abascal elevó el tono al hablar de "acto de guerra", una expresión que se aparta del lenguaje institucional habitual en la gestión de fronteras y se inscribe en la línea de confrontación que Vox mantiene con Rabat desde su irrupción parlamentaria en 2019.
El marco legal y los acuerdos con Rabat
El marco normativo que regula estas situaciones se encuentra en la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) y en el Reglamento europeo de gestión de fronteras exteriores, que atribuye a Frontex funciones de apoyo operativo pero mantiene la competencia última sobre el control fronterizo en manos de los Estados miembros. España y Marruecos cuentan además con un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en 1991, que establece mecanismos de consulta bilateral en materia de seguridad y migración, y con acuerdos específicos de readmisión de menores no acompañados suscritos en 2007.
Según los datos del Ministerio del Interior, las llegadas irregulares a las costas y fronteras españolas han fluctuado de forma notable en los últimos años, con picos asociados a momentos de crisis diplomática con Rabat y descensos posteriores vinculados a la cooperación reforzada en el control fronterizo. El Gobierno ha defendido que la relación con Marruecos se sustenta en una nueva etapa de cooperación que ha permitido, según Moncloa, una reducción de las llegadas irregulares desde 2022 respecto a los picos de años anteriores.
La oposición de derechas rechaza ese argumento al considerar que la estabilidad depende excesivamente de la voluntad marroquí y resulta, por tanto, frágil. El Partido Popular, aunque comparte con Vox la crítica a la gestión gubernamental de la frontera sur, ha evitado hasta la fecha adoptar el lenguaje más extremo empleado por Abascal, y mantiene un discurso centrado en la exigencia de mayores recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados a Ceuta y Melilla y en la reclamación de una política europea común de asilo.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores no han realizado, hasta el momento, declaraciones específicas en respuesta a las palabras de Ayuso y Abascal. En anteriores ocasiones, el Ejecutivo ha sostenido que la vía diplomática y la cooperación bilateral constituyen el marco preferente frente a la retórica de confrontación.
Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Save the Children han advertido reiteradamente contra la utilización de términos bélicos para describir movimientos migratorios, al considerar que ese lenguaje dificulta una gestión ajustada a los estándares del derecho internacional de asilo, recogido en la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, de los que España es Estado firmante.
La dimensión geoestratégica del contencioso trasciende lo migratorio: Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, a las que denomina "presidios ocupados", y las ha reclamado desde su independencia en 1956. El Sáhara Occidental, por su parte, figura como territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas desde 1965 y sigue siendo escenario de disputa entre Rabat y el Frente Polisario, respaldado por Argelia.
En los próximos días, la respuesta previsible del Gobierno pasa por reiterar la cooperación bilateral, mientras la oposición mantendrá la presión parlamentaria mediante preguntas al Ejecutivo y posibles comparecencias en sede parlamentaria. La política migratoria y la relación con Marruecos seguirán siendo, previsiblemente, uno de los frentes de mayor desgaste político de cara a los próximos ciclos electorales.
