El escrito, elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, se apoya en el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía de Madrid, que reconoce como madrileños a «los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España». El mismo precepto extiende ese derecho a los descendientes inscritos como españoles «si así lo solicitan, en la forma que determine la ley del Estado».
Con ese fundamento, el Gobierno regional reclama que la inscripción en un municipio madrileño solo se produzca cuando el interesado pueda acreditarlo documentalmente y «nunca de forma automática por defecto». La consejería sostiene que ese filtro descartaría el criterio de «mayor arraigo» recogido en el Acuerdo de la Junta Electoral Central, una fórmula que, según su comunicado, resulta «indeterminada» y «choca» con el Estatuto de Autonomía.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya había anunciado esta línea el pasado viernes durante el debate del estado de la región. Las alegaciones formalizan ante la JEC lo que entonces fue un anuncio político, en un contexto marcado por la tramitación de la ley de nietos, que amplía el derecho a la nacionalidad española y, con ella, al voto, a hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse por la Guerra Civil o la dictadura.
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente las altas en el censo de residentes ausentes derivadas de esa norma, lo que ha abierto un frente jurídico y político sobre quién puede votar en las elecciones autonómicas y bajo qué criterio de vinculación territorial. La Comunidad de Madrid enmarca su petición en ese litigio y reclama a la JEC un estándar probatorio más estricto que el vigente.
El censo electoral de residentes ausentes (CERA) agrupa a los españoles inscritos en consulados que conservan su derecho de voto en los procesos donde mantienen vinculación. La ley de nietos, aprobada como parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022, abrió la vía a la nacionalidad para descendientes de exiliados, ampliando potencialmente ese censo en el exterior.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, difundió un audio a los medios en el que vinculó la iniciativa directamente con el presidente del Gobierno.
«El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe que tiene perdidas las próximas elecciones y alguien tiene que ponerle freno en su intento de adulterar el proceso electoral», declaró Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico, en un comunicado oficial, cifró el objetivo de sus alegaciones en «evitar que el Gobierno central manipule los censos electorales». La disputa sobre el censo CERA se suma a otros episodios de tensión entre comunidades gobernadas por el PP y la Administración central, como el que enfrenta a Castilla-La Mancha con la reforma del sistema de financiación autonómica, donde el Gobierno regional también ha cuestionado los criterios impulsados desde Moncloa.
La Junta Electoral Central deberá resolver ahora sobre las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, en un procedimiento que se produce mientras sigue pendiente de resolución de fondo el recurso ante el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de nietos al censo de residentes ausentes.
