«Basta ya de excusas y de mentiras. España ya no pide más propaganda ni más cuentos, exige responsabilidades políticas», proclamó la dirigente popular, que combina su cargo autonómico con la presidencia del PP de Madrid y actuó como principal oradora en el acto. A su juicio, lo ocurrido en la ciudad autónoma «está ocurriendo por toda España a menor velocidad», un fenómeno que, denunció, el Gobierno se niega a reconocer pese a que los informes «ya advertían» de que la llegada masiva «se veía venir y se sabía».
El eje central de su intervención fue la ausencia de Sánchez durante los días de mayor tensión. Ayuso reprochó al jefe del Ejecutivo que no interrumpiera su periodo vacacional: «No tiene derecho a vacaciones. Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones. Si las cosas están mal, te quedas con tu pueblo (.) No hay derecho a hundir a España y abandonarla», sentenció. Censuró además que, mientras Marruecos dirigía a los inmigrantes «hasta el punto exacto de entrada», el presidente estuviera «en chanclas» y de vacaciones, y que «como nuevo rico» se aferre «al poder y al lujo».
La presidenta madrileña defendió que los vecinos de Ceuta representan «un ejemplo de convivencia, de culturas como en pocos lugares de España» y rechazó que puedan ser calificados de «racistas» o de «extrema derecha». «¡Ojo! Racistas los ceutíes», ironizó, antes de comparar la reacción del Gobierno con la vivida durante la dana: «Es siempre igual, como ocurrió en la dana, buscando fascistas por todos los lados». No consta una declaración oficial del Ejecutivo que aplique de forma literal esos términos al conjunto de la ciudadanía ceutí, por lo que la atribución corresponde a la interpretación de la dirigente popular.
Un frente recurrente con Rabat
Ceuta y Melilla, como ciudades autónomas con fronteras terrestres con Marruecos, han sido históricamente puntos de fricción migratoria y diplomática entre Madrid y Rabat. Episodios similares se han repetido desde la década de 1990, con un pico especialmente tenso en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la valla de Ceuta en el contexto de una crisis diplomática por la atención hospitalaria en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La gestión de esa frontera se rige por acuerdos bilaterales hispano-marroquíes y por el marco de control de fronteras exteriores de la Unión Europea, coordinado por la agencia Frontex.
El reproche por la presencia pública del presidente en momentos críticos enlaza con un debate recurrente en la oposición a los sucesivos gobiernos, y que también atravesó la gestión de la dana de Valencia de octubre de 2024, episodio que la propia Ayuso citó como parangón. Hasta la fecha no se ha establecido de forma oficial y contrastada una responsabilidad directa de los servicios secretos marroquíes en el episodio de julio, tal y como sostuvo la presidenta en su discurso.
Ayuso amplió su crítica hacia la política exterior al denunciar una pérdida de peso de España en el escenario internacional. «Han ido chuleando a los Estados Unidos, a las principales naciones del mundo», afirmó, antes de enumerar lo que considera una cadena de retrocesos: el abandono del Sáhara, la pérdida de influencia en Algeciras y nuevas amenazas sobre Melilla y Canarias. «España está sola, que España no tiene defensa internacional», advirtió, sin aportar datos que sustenten una amenaza inminente sobre esos territorios.
La referencia al Sáhara alude al giro de la posición española en marzo de 2022, cuando el Gobierno de Sánchez respaldó el plan marroquí de autonomía para el territorio, rompiendo con la neutralidad mantenida desde 1975. El Sáhara Occidental, antigua colonia española cedida de facto a Marruecos y Mauritania tras los Acuerdos de Madrid de 1975, sigue sin resolución en Naciones Unidas, que mantiene desde 1991 la misión de observación MINURSO y considera el territorio en proceso de descolonización pendiente. Aquel giro generó una crisis diplomática con Argelia, que llegó a suspender su tratado de amistad con España.
En el terreno partidista, Ayuso acusó al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar de «colonizarlo todo» y de ser «lo más antidemocrático» que ha conocido el país, atentando «contra la separación de poderes para que nada le ponga límites». Sostuvo que el Ejecutivo no romperá porque sus socios saben que perderán sus «privilegios» con las elecciones. La descripción, sin datos objetivables, se enmarca en el pulso habitual entre el PP y el Ejecutivo desde la legislatura surgida de las generales de julio de 2023, cuya legitimidad Sánchez ha defendido apelando a la investidura parlamentaria.
La presidenta madrileña deslizó también una alusión a Begoña Gómez, esposa del presidente —«Yo, si fuera Begoña, andaría mosqueada», ironizó—, sobre la que pesa una causa judicial en fase de instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sin escrito de acusación formal ni fecha de juicio. Sánchez ha calificado en reiteradas ocasiones esta causa como parte de una campaña de acoso político contra su entorno familiar.
Moncloa no ha efectuado, hasta el momento, declaraciones que respondan de forma directa a las acusaciones vertidas este sábado. En anteriores episodios de tensión migratoria, el Gobierno ha defendido su gestión apelando a la coordinación con Marruecos y la Unión Europea y a la cooperación con los países de origen y tránsito, en línea con el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo en 2024. El Defensor del Pueblo y organizaciones como ACNUR han reclamado en episodios similares mayor transparencia sobre el número de personas atendidas y los protocolos de devolución aplicados.
El acto de Getafe se enmarca en la estrategia del PP para el nuevo curso político, en un momento en que el partido de Feijóo mantiene la delantera en varias encuestas de intención de voto publicadas a lo largo de 2026, sin que se haya celebrado consulta electoral desde las generales de 2023. El Ejecutivo, por su parte, continúa apoyado en una mayoría parlamentaria fragmentada.
A partir de ahora, el debate previsiblemente continuará en sede parlamentaria, donde el PP puede solicitar comparecencias del ministro del Interior o del propio presidente para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria. La relación con Marruecos, clave para el control de los flujos migratorios y para intereses comerciales y energéticos compartidos, seguirá condicionada por la necesidad de cooperación bilateral, incluso en medio de la tensión política interna que este episodio ha vuelto a poner de manifiesto.
