El testimonio, difundido en un video que los habitantes afirman haber grabado este viernes, describe una situación de cerco. “Hay muchos niños que están refugiados en una casa porque los grupos armados han entrado y han invadido todas las veredas. Salieron huyendo de sus casas”, relató uno de los denunciantes, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad. El relato se conoce después de que el Ejército reforzara su presencia en la zona en respuesta a los ataques con drones y a los enfrentamientos registrados en las últimas jornadas. Pese a ese despliegue, los habitantes de Ortega sostienen que el apoyo no sería suficiente para garantizar su seguridad ante la persistencia de los grupos armados en el territorio.
El temor de la comunidad se concentra en los artefactos explosivos transportados por drones. Según el denunciante, durante la noche varios de estos artefactos habrían sido lanzados sobre la zona, y uno de ellos habría caído a pocos metros del lugar donde permanecen los menores. “Pedimos a las entidades que nos manden apoyo, que busquen la manera de sacarlos. Son niños que apenas están creciendo, les rogamos, por favor, que nos ayuden”, suplicó el habitante en el testimonio recogido este viernes.
La sensación de acorralamiento se repite en los relatos de la comunidad. De acuerdo con esos testimonios, integrantes de los grupos armados estarían ingresando incluso a viviendas y permanecerían ocultos cuando helicópteros u otras aeronaves sobrevuelan la zona. “No sabemos para dónde coger, porque por todos lados están (…) Les pedimos que, por favor, envíen apoyo, que nos ayuden a salir. No sabemos qué hacer, se los rogamos”, agregó uno de los pobladores.
La escalada de violencia en este municipio del norte del Cauca no es un hecho aislado. Un día antes de conocerse el testimonio, un soldado de 26 años adscrito a la Brigada 29 con sede en Popayán había alertado, desde la zona de los enfrentamientos, sobre militares y civiles heridos y sobre las dificultades de las tropas para sostener posiciones ante los ataques con drones. Los enfrentamientos de este viernes dejaron 18 heridos entre integrantes del Ejército y civiles, según el recuento conocido hasta el momento.
Un departamento golpeado desde antes del Acuerdo de Paz
Cajibío forma parte de una región del Cauca donde han operado históricamente estructuras armadas ilegales, primero las antiguas Farc-EP y, tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y esa guerrilla, disidencias que no se acogieron al proceso o que se rearmaron posteriormente. El departamento ha sido escenario recurrente de desplazamientos forzados, confinamientos y ataques contra la población civil, fenómenos que la Defensoría del Pueblo documenta en sus informes de riesgo. El norte del Cauca ha figurado de forma reiterada entre las zonas priorizadas por las alertas tempranas de esa entidad.
El uso de drones cargados con explosivos representa una escalada del conflicto en zonas rurales del suroccidente del país. Esta modalidad expone a la población civil a ataques con menor capacidad de anticipación que los combates convencionales y plantea nuevos desafíos operativos para la Fuerza Pública, según han advertido las propias autoridades de seguridad ante episodios previos en el Cauca y Nariño.
El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella no se ha pronunciado públicamente sobre la situación puntual denunciada por los habitantes de Ortega, más allá del refuerzo militar ya desplegado. Tampoco se ha conocido una respuesta de las disidencias de las Farc señaladas como responsables de los ataques, ni una versión detallada del Ministerio de Defensa sobre el estado actual de los combates.
El confinamiento y el desplazamiento forzado de comunidades rurales por acción de grupos armados están tipificados como infracciones al Derecho Internacional Humanitario y son objeto de seguimiento por la Unidad para las Víctimas y, cuando existe responsabilidad de excombatientes de las extintas Farc, por la Jurisdicción Especial para la Paz. La Defensoría del Pueblo dispone de mecanismos de alerta temprana para advertir sobre riesgos inminentes contra la población civil, aunque su capacidad de reacción depende de la coordinación con la Fuerza Pública y las autoridades locales.
En los próximos días será clave determinar si se concreta una evacuación segura de los menores y las familias refugiadas en Ortega, así como establecer con mayor precisión el número de veredas bajo control o disputa de los grupos armados. La Fiscalía General de la Nación tendría, en su momento, la tarea de investigar los hechos violentos y a sus responsables, mientras la comunidad exige una respuesta inmediata que permita salir de la zona en medio de la persistencia de los enfrentamientos.
