Según el reporte inicial de los hechos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo del exalcalde en plena vía. Uno de los ocupantes, que viajaba como parrillero, se bajó y disparó contra Olarte Sánchez. El propio exfuncionario relató que primero escuchó un impacto sobre el vidrio lateral del lado del conductor y solo después se percató de que había sido alcanzado por un proyectil de arma de fuego. Tras la agresión, los presuntos responsables abordaron de nuevo la motocicleta y se dieron a la fuga por la misma arteria vial, con rumbo desconocido.
La víctima fue auxiliada y trasladada en ambulancia hasta el centro hospitalario de Popayán, capital del Cauca, donde permanece bajo observación. Olarte Sánchez alcanzó a describir a uno de los atacantes como un hombre de contextura delgada y tez morena, que portaba un casco de color negro, sin poder aportar mayores características para su identificación. Esa es, por ahora, la única referencia disponible sobre los agresores en un caso que apenas empieza a ser objeto de las primeras diligencias.
Las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el atentado, a la espera de avanzar en las inspecciones técnicas del lugar e iniciar las investigaciones correspondientes.
Un corredor vial marcado por la disputa territorial
La vía Panamericana, que atraviesa el departamento del Cauca y conecta a Popayán con Cali, es uno de los corredores más transitados del suroccidente colombiano y, a la vez, uno de los que históricamente ha registrado mayor presencia de estructuras armadas ilegales. El Cauca ha sido durante décadas escenario de disputas por el control de rutas de narcotráfico y economías ilícitas, una conflictividad que se agudizó tras la fragmentación de los grupos armados posterior a la desmovilización de las Farc, formalizada con el Acuerdo de Paz firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Cajibío, el municipio que Olarte Sánchez gobernó como alcalde, se ubica en el centro del departamento y hace parte de una de las zonas priorizadas por el Estado colombiano en materia de seguridad rural. La región ha atravesado episodios recurrentes de violencia contra autoridades locales y líderes sociales, en un contexto de persistencia de economías ilegales y presencia activa de grupos armados.
Los ataques contra exalcaldes, concejales y otros dirigentes regionales no son un fenómeno nuevo en el Cauca ni en el suroccidente del país. La violencia contra líderes políticos y sociales atraviesa la historia reciente de Colombia: el asesinato de tres candidatos presidenciales durante la campaña de 1990 —Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez— marcó uno de sus episodios más graves, y las agresiones contra autoridades locales en zonas de conflicto se han mantenido como un patrón documentado por organismos de control en las décadas posteriores.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han hecho seguimiento a la seguridad de exfuncionarios, candidatos y líderes sociales en territorios con presencia de grupos armados ilegales. Ninguna de estas entidades se había pronunciado de manera oficial sobre el atentado contra Olarte Sánchez al cierre de esta nota. El esclarecimiento de este tipo de hechos, según ha ocurrido en episodios anteriores registrados en la región, suele tomar semanas o meses antes de arrojar resultados concretos.
En plataformas digitales circularon durante la noche del lunes registros audiovisuales que captarían los momentos posteriores al ataque y la evacuación del exalcalde. Esas imágenes no han sido verificadas de manera independiente por las autoridades y, de confirmarse su autenticidad, podrían constituir un elemento adicional para la investigación.
La evolución del estado de salud del exalcalde y los avances que puedan reportar la Fiscalía y la Policía Nacional en las próximas horas serán determinantes para establecer si el ataque responde a un móvil relacionado con su gestión pública anterior en Cajibío o a otro tipo de motivación. El curso de las inspecciones técnicas en el lugar de los hechos y la apertura formal de la investigación marcarán los primeros pasos del proceso.
