El corregimiento de Mondomo, en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, se ubica en una franja que las autoridades de seguridad han identificado durante años como corredor estratégico para grupos armados ilegales que operan en el suroccidente colombiano. La vía Panamericana que atraviesa la región conecta el centro del país con el puerto de Buenaventura y con el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, por lo que funciona como arteria para el comercio exterior y el transporte de carga hacia el Pacífico.
La caseta atacada formaba parte de obras viales que se adelantaban sobre ese corredor, sin que se conozca con precisión la concesión responsable del proyecto ni el estado contractual de las obras. Tampoco había trascendido si al momento del ataque había personal laborando en el sitio ni si se registraron heridos. El Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidades que supervisan este tipo de proyectos, no se habían pronunciado sobre eventuales afectaciones al cronograma de obra o los sobrecostos de la reconstrucción.
Las autoridades locales tampoco habían fijado posición. La vía Panamericana forma parte del corredor que integra a los países andinos y es utilizada de manera intensiva por el transporte de carga internacional, por lo que una afectación prolongada en el tramo Popayán-Cali tendría repercusiones logísticas, aunque no ha trascendido si el atentado implicó su cierre total o parcial.
Un corredor con historia de ataques a infraestructura
El Cauca ha sido escenario recurrente de acciones contra infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones atribuidas a disidencias de las extintas FARC y a otras estructuras armadas que se disputan el control territorial y las economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal. Los peajes, en particular, han sido blanco de este tipo de acciones tanto por su valor simbólico como instrumento del Estado como por el impacto económico que su destrucción genera para las concesiones viales.
El precedente no es inédito. Durante las décadas de mayor intensidad del conflicto entre el Estado y las FARC, en los años noventa y comienzos de los dos mil, casetas de peaje en distintas regiones del país fueron objeto de ataques con explosivos, entendidos por los grupos armados como una forma de golpear la presencia estatal y la actividad económica formal en zonas bajo su influencia. La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016 redujo de manera sustancial este tipo de hechos en buena parte del territorio, pero el Cauca continuó registrando episodios de violencia asociados a las disidencias que no se acogieron a la desmovilización o que se rearmaron después, así como a estructuras del ELN y a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales del Cauca han advertido sobre el incremento de la conflictividad armada en el norte del departamento, y han señalado la persistencia de economías ilegales, la disputa por rutas de tráfico de drogas y precursores químicos, y la débil presencia institucional en algunos corregimientos como factores que explican la recurrencia de estos episodios.
El costo fiscal y el trasfondo de la paz total
La destrucción de infraestructura vial en construcción implica, además del riesgo para la seguridad pública, un impacto económico que suele recaer sobre las concesiones a cargo de las obras y, en última instancia, sobre el Presupuesto General de la Nación cuando se trata de proyectos con participación estatal, dado que la reconstrucción y las eventuales compensaciones contractuales pueden derivar en sobrecostos que se trasladan a las cuentas públicas.
El hecho ocurre mientras el Gobierno nacional adelanta negociaciones de paz total con distintas estructuras armadas, entre ellas disidencias de las FARC agrupadas en el Estado Mayor Central y en la Segunda Marquetalia, así como con el ELN, procesos que han atravesado avances y retrocesos desde su anuncio. No consta hasta el momento si el ataque en Mondomo tiene relación con alguno de esos procesos ni si alguna de las partes negociadoras se ha referido a los hechos.
En los próximos días se espera que la Fiscalía General de la Nación asigne el caso a la unidad correspondiente para adelantar las investigaciones sobre la autoría del atentado, mientras que el Ministerio de Defensa podría anunciar el despliegue de un mayor pie de fuerza en la zona, como ha ocurrido en episodios similares registrados anteriormente en el departamento.
