Según el planteamiento de Asocapitales, que agrupa a las alcaldías de las principales ciudades capitales del país, la infraestructura actual del Cortissoz presenta limitaciones que elevan el riesgo operativo, condición que —de acuerdo con el gremio— justificaría una intervención prioritaria. El informe sostiene que la terminal figura entre las dos de mayor riesgo del país, si bien no se ha detallado públicamente el alcance técnico de esas falencias que correspondería precisar a la autoridad aeronáutica.
El Cortissoz es la principal puerta de entrada aérea al departamento del Atlántico y una de las terminales de mayor tráfico de la región Caribe, un corredor donde la conectividad aérea gana peso por el turismo hacia Barranquilla y Cartagena. El gremio de capitales enmarca su reclamo en esa relevancia regional para pedir que el aeropuerto no quede a la espera de la próxima revisión del documento marco de inversión.
El CONPES aeroportuario es el instrumento con el que el Consejo Nacional de Política Económica y Social define las prioridades de inversión en terminales aéreas. Según Asocapitales, la exclusión del Cortissoz de su versión más reciente dejaría a la terminal sin una hoja de ruta clara de financiación para las obras de modernización que reclama, de ahí que el gremio pida un mecanismo específico —distinto del CONPES general— que canalice recursos sin esperar a una nueva actualización.
Un instrumento sin periodicidad fija
La modificación del CONPES aeroportuario no tiene una periodicidad de revisión establecida y exige un proceso técnico entre el Departamento Nacional de Planeación y las entidades del sector transporte. De no prosperar una ruta específica, advierte Asocapitales, el aeropuerto quedaría sujeto a los tiempos y prioridades que fije la próxima actualización de ese documento, lo que podría postergar las obras de manera indefinida.
La vía alternativa que plantea el gremio pasa por el Presupuesto General de la Nación. El Congreso de la República, a través de las comisiones económicas encargadas del trámite presupuestal, sería el escenario donde eventualmente podría discutirse una partida específica para el Cortissoz, si el Ejecutivo decide acoger la solicitud e incluirla en el proyecto de ley de presupuesto que se radica cada año en el segundo semestre.
La modernización de aeropuertos regionales ha sido un asunto recurrente en la agenda de las ciudades capitales, que históricamente han señalado una concentración de la inversión en las terminales de Bogotá, Medellín y Cali frente a otras regiones con potencial turístico y comercial. El caso del Cortissoz se suma a reclamos planteados en años anteriores por aeropuertos de ciudades como Cúcuta, Santa Marta y Montería.
Como antecedente de la complejidad de estas intervenciones, la concesión y ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena requirió varios años de gestión entre el Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el operador privado antes de materializarse. Ese proceso ilustra el tiempo que suelen tomar las obras cuando dependen de esquemas de asociación público-privada o de partidas específicas del Presupuesto General de la Nación.
La Aeronáutica Civil, entidad encargada de la regulación y supervisión de la seguridad operacional de los aeropuertos del país, no se ha pronunciado públicamente sobre las cifras de riesgo que menciona el informe ni sobre los criterios que llevaron a la exclusión del Cortissoz del CONPES vigente. Tampoco se ha conocido una respuesta oficial de la ANI, que estructura y supervisa los contratos de concesión aeroportuaria, ni de la alcaldía de Barranquilla, cuya administración ha impulsado en el pasado gestiones ante el Gobierno nacional para atraer inversión hacia la infraestructura de transporte de la ciudad.
El pronunciamiento del gremio se produce en un momento de recomposición de prioridades presupuestales, en el que el Gobierno nacional deberá definir en los próximos meses el Presupuesto General de la Nación de la siguiente vigencia fiscal, instancia en la que suelen dirimirse las disputas por asignación de recursos entre regiones. El caso del Cortissoz se perfila como una prueba de cómo se equilibrarán las demandas regionales frente a los aeropuertos considerados de mayor prioridad nacional, en un país donde la conectividad aérea sigue siendo, para buena parte del territorio, la principal vía de acceso ante las limitaciones de la infraestructura vial.
