El anuncio se conoció a través de declaraciones del ministro Mora, en las que detalló que la Armada Nacional adelanta estudios técnicos sobre un buque específico que serviría como primer centro de este tipo. Según explicó, el objetivo es recluir allí a los detenidos de mayor incidencia delictiva para que queden completamente incomunicados y pierdan la capacidad de seguir ordenando delitos desde su lugar de reclusión, algo que las autoridades han señalado como una falla estructural del sistema penitenciario.
«Hemos hecho unos avances de contacto con el secretario de Guerra de Estados Unidos, pero también con nuestras propias capacidades. La Armada está haciendo el estudio con un buque que vamos a utilizar para recluir ahí a los 30 bandidos más peligrosos, los que más inciden en extorsión, secuestro, asesinatos, para que allí permanezcan incomunicados», afirmó Mora, sin precisar montos de cooperación, cronograma de implementación ni el nombre del buque que eventualmente sería adaptado. «Mientras se construyen megacárceles, vamos a aislarlos en este buque y estamos en esa articulación con Estados Unidos», agregó el ministro.
El proyecto se inscribe en un diagnóstico que el propio Gobierno ha repetido: los centros de reclusión de mayor población carcelaria se habrían convertido, en palabras del ministro, en «universidades del crimen» desde las cuales «se extorsionaba y se ordenaban homicidios». Mora citó como referencia una reducción del 56 % en el índice de homicidios en Barranquilla, que atribuyó a medidas de control reforzado sobre la población carcelaria, aunque no especificó la fuente estadística ni el periodo exacto de comparación.
La idea de un buque prisión no tiene antecedente reciente en Colombia, pero evoca fórmulas de aislamiento de reclusos de alta peligrosidad empleadas históricamente en establecimientos construidos en zonas remotas, como la extinta colonia penal de Gorgona, en el Pacífico, cerrada en 1984 tras denuncias por condiciones inhumanas. Ese precedente ilustra el escrutinio al que quedaría sometida cualquier iniciativa similar por parte de organismos de control y de la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales de la población reclusa.
Un eventual buque cárcel plantearía interrogantes jurídicos sobre su régimen de custodia. La Constitución y el Código Penitenciario y Carcelario exigen que los establecimientos de reclusión garanticen condiciones mínimas de salubridad, visita y debido proceso, estándares que un buque adaptado tendría que cumplir para no ser objeto de acciones de tutela o de procesos ante el Consejo de Estado. El aislamiento prolongado, además, está sujeto en el derecho penitenciario colombiano a límites de tiempo y a revisión judicial.
El plan se suma a otro frente destacado por el Gobierno como parte de su política de sometimiento a la justicia: las extradiciones. Según señaló el ministro, De La Espriella ha firmado más de 40 desde que asumió la Presidencia, cifra que no fue contrastada con los registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación ni del Ministerio de Justicia, entidades que llevan la contabilidad histórica de este tipo de trámites.
La cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia tiene una larga trayectoria en Colombia, que se remonta al Plan Colombia de finales de los años noventa y se ha mantenido, con distintos énfasis, bajo gobiernos de diferente orientación. La eventual participación estadounidense en el proyecto del buque se enmarcaría en ese historial bilateral, aunque hasta el momento no se ha hecho público ningún acuerdo formal, memorando de entendimiento ni partida presupuestal específica destinada a la iniciativa.
El Ministerio de Defensa no ha precisado el costo estimado de adaptar un buque de la Armada para funciones carcelarias, ni si se requeriría autorización adicional del Congreso para destinar recursos del Presupuesto General de la Nación a ese fin. Tampoco se ha informado si el proyecto necesitaría modificar el Código Penitenciario o si operaría bajo alguna figura transitoria mientras se define su marco legal. La construcción de las megacárceles, presentada como solución estructural, tampoco cuenta hasta ahora con cronograma público, ubicación definitiva ni presupuesto detallado según lo divulgado en declaraciones oficiales.
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo son las entidades llamadas a pronunciarse sobre las garantías de derechos humanos en cualquier esquema de reclusión que implique aislamiento prolongado. Congresistas de distintas bancadas han pedido en el pasado mayor claridad sobre los criterios de traslado y clasificación de reclusos de alta peligrosidad, un debate que previsiblemente se reabrirá si el Gobierno formaliza el proyecto ante el Congreso o mediante decreto.
En las próximas semanas se espera que el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional entreguen mayores detalles técnicos sobre la viabilidad del proyecto, incluido el estado del buque candidato y las condiciones de seguridad exigidas para su operación. La eventual radicación de una iniciativa legislativa asociada, si el Gobierno decide tramitarla por esa vía, abriría un debate de control político en el Congreso donde participarían voceros del oficialismo y de la oposición, además de los organismos de derechos humanos que siguen la política carcelaria del actual Ejecutivo.
