El operativo permitió desmantelar un matadero clandestino donde los investigadores hallaron evidencia biológica de restos de animales sacrificados. El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, sostuvo que la estructura investigada adquiría los equinos en los departamentos de Cesar y Bolívar, utilizando en algunos casos guías falsas para el transporte de los animales, antes de sacrificarlos y comercializar la carne en Bucaramanga. «Este grupo delincuencial adquiría los equinos en el Cesar y Bolívar utilizando en algunos casos guías falsas para el transporte de los mismos, posteriormente sacrificarlos y comercializarlos en plazas de mercado y barrios de Bucaramanga», declaró el oficial.
Los diez capturados enfrentan cargos por maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental. El maltrato animal es un delito autónomo en Colombia desde la Ley 1774 de 2016, que sacó estas conductas del terreno de las contravenciones y las incorporó al Código Penal con penas de prisión. Bajo el sistema penal acusatorio vigente desde 2004, corresponde a la Fiscalía General de la Nación presentar a los capturados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.
La corrupción de alimentos sanciona la manipulación, transporte o venta de sustancias alimenticias en condiciones que representen riesgo para la salud pública. El tráfico de carne de caballo para consumo humano sin los controles exigidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos —Invima— y por las autoridades sanitarias municipales entraña un riesgo reconocido, dado que estos animales no siempre pasan por los protocolos veterinarios y de trazabilidad que sí se aplican a los bovinos y porcinos en las plantas de beneficio autorizadas.
El hallazgo resulta especialmente relevante porque se produjo en un predio que ya había sido intervenido por las mismas prácticas. Según la información policial, en ese mismo sitio se habían rescatado anteriormente caballos destinados al sacrificio, lo que sugiere que la estructura habría continuado operando pese a la actuación previa de las autoridades, un patrón de reincidencia que deberá esclarecerse en el proceso judicial.
Los indicios que definirán el proceso
El decomiso del revólver calibre 38 con 39 cartuchos podría dar lugar a una imputación adicional por porte ilegal de armas, tipificado en el artículo 365 del Código Penal. Los diez teléfonos celulares incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales y, según indicó la Policía, serán claves para reconstruir las comunicaciones entre los presuntos integrantes de la red y sus proveedores en Cesar y Bolívar.
La imputación por concierto para delinquir apunta a establecer si existía una organización estructurada y no episodios aislados de sacrificio ilegal. Ese tipo penal, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, exige demostrar un acuerdo permanente entre los integrantes de la red para cometer delitos indeterminados en el tiempo, un estándar probatorio más exigente que el de las conductas individuales de maltrato o corrupción de alimentos.
La actuación se enmarca, según la fuerza pública, en la operación transnacional Green Shield. «En el marco de la operación transnacional Green Shield, la Policía Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades para combatir las economías ilícitas y proteger los recursos naturales, la legalidad y la seguridad de todos los colombianos», señaló la institución, sin precisar cuántos operativos similares se han realizado en el país bajo ese mismo marco ni qué otras autoridades participan en la cooperación.
Los operativos contra el comercio clandestino de carne equina no son inéditos en Colombia. El sacrificio ilegal de caballos y su venta camuflada como otras carnes ha motivado intervenciones periódicas del Invima y las secretarías de salud en distintas regiones, sin que existan cifras oficiales consolidadas y de acceso público sobre la magnitud nacional de este mercado ilegal específico. La normativa sanitaria colombiana restringe el beneficio de equinos para consumo humano y exige su trazabilidad en plantas autorizadas.
La investigación entra ahora en la fase formal, que en el sistema penal acusatorio puede extenderse por varios meses antes de que la Fiscalía decida si presenta escrito de acusación ante un juez de conocimiento o solicita el archivo de las diligencias por insuficiencia probatoria. El caso también podría derivar en compulsas de copias a otras autoridades si se establece una afectación ambiental adicional derivada del funcionamiento del matadero clandestino.
