Según habría trasladado Asoinfis, gremio que agrupa a los institutos financieros de desarrollo territorial, Infivalle habría obtenido la máxima calificación entre la totalidad de institutos evaluados. La asociación reúne a entidades homólogas en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Santander o el Atlántico, cuya función es apalancar financieramente proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo social con cargo a recursos públicos, incluidas las regalías. El material disponible no detalla el puntaje numérico ni el número de entidades comparadas.
La calificación que situaría a Infivalle a la cabeza sería elaborada por el DNP, entidad encargada de hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con regalías a través del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE). Este mecanismo mide variables como la oportunidad en la ejecución presupuestal, el cierre de proyectos, la calidad del gasto y el cumplimiento de los cronogramas físicos y financieros reportados por cada entidad territorial.
Cómo funciona el Sistema General de Regalías
El Sistema General de Regalías fue creado mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 y reglamentado por la Ley 1530 de 2012. Distribuye entre departamentos y municipios los recursos que percibe la nación por la explotación de recursos naturales no renovables, principalmente petróleo, carbón, oro y níquel. Tras la reforma introducida por el Acto Legislativo 05 de 2019, los criterios de asignación privilegian a las regiones productoras y a aquellas con mayores índices de necesidades insatisfechas. Los proyectos son aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), instancias en las que concurren el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías.
El manejo de estos recursos ha sido, históricamente, un foco de atención de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República han adelantado en distintos momentos actuaciones frente a alcaldías y gobernaciones por presunta desviación o subejecución, particularmente en departamentos productores como Casanare, Meta y La Guajira, cuyos historiales de ejecución han sido objeto de reiterados señalamientos.
En ese marco, el resultado que se atribuiría a Infivalle adquiriría relevancia como referente dentro de un sistema que, según diagnósticos previos del propio DNP, ha enfrentado dificultades estructurales para garantizar la ejecución oportuna de los proyectos aprobados por los OCAD.
Infivalle fue creado en 1968 como instituto financiero adscrito a la Gobernación del Valle del Cauca, con el propósito de otorgar créditos y asistencia técnica a los municipios del departamento para la financiación de obras públicas. A lo largo de más de cinco décadas, la entidad ha atravesado distintos ciclos de reestructuración administrativa, incluidos procesos de saneamiento fiscal en la década de 1990.
La discusión sobre la fórmula de distribución de las regalías ha sido recurrente en el Congreso de la República, donde distintas bancadas han radicado proyectos para ajustar los porcentajes que reciben los departamentos productores frente a los no productores. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la constitucionalidad de las reformas al sistema, al examinar su compatibilidad con los principios de equidad territorial consagrados en la Constitución Política de 1991.
El esquema colombiano ha sido comparado en análisis regionales con modelos de distribución de rentas extractivas de países vecinos, como el canon minero en Perú o el Impuesto Directo a los Hidrocarburos en Bolivia, en los cuales también se han documentado tensiones entre la administración central y los entes territoriales por la ejecución de estos recursos.
De confirmarse en los próximos reportes oficiales, el resultado atribuido a Infivalle podría servir de referencia para otros institutos financieros regionales ante Asoinfis y el DNP. La asociación suele publicar sus balances anuales de calificación en el segundo semestre de cada año, por lo que se esperaría un informe más detallado en las próximas semanas que permita contrastar la metodología aplicada. La discusión ocurre mientras el Gobierno nacional adelanta ajustes al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, en la que el Sistema General de Regalías continuará siendo una fuente clave de financiación para proyectos de infraestructura regional.
