El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, preguntó a Castillo qué ocurre con las declaraciones juradas de intereses que recibe la institución y cómo se cruza esa información para detectar posibles conflictos de interés. La respuesta de la funcionaria expuso el límite legal del organismo.
"No está funcionando mientras ustedes no hagan la modificación que corresponde. No puedo llegar, no puedo verificar, no puedo gestionar. No es porque no quiera, es porque no puedo", respondió Sheyla Castillo, directora de la Antai.
Castillo situó la limitación en la Ley 316, que regula los conflictos de interés en la función pública y fija las funciones de la Antai en la materia: recibir las declaraciones juradas, verificar la información cuando tenga competencia sobre el servidor público, determinar posibles conflictos de interés y conocer procesos por infracciones relacionadas con esas declaraciones. La directora afirmó que se requiere reformar esa norma para que la entidad pueda actuar.
El precedente de Yanibel Ábrego
Ante la consulta de Duke sobre si la Antai puede intervenir frente a denuncias de nepotismo dentro de la Asamblea Nacional, Castillo respondió que la competencia de la entidad no alcanza al Legislativo, y citó el artículo 32 de la Constitución. Para respaldarlo, entregó al diputado un fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia del 27 de agosto de 2021, bajo la ponencia del entonces magistrado José Ayú Prado.
El antecedente se remonta a 2018, cuando la Antai, mediante la resolución No DS-3937-18 del 10 de agosto de ese año, sancionó a la entonces presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, con el pago del 50% de su salario mensual por entregar información inexacta e incompleta sobre la planilla 080 de los diputados. La Corte determinó que la Antai no es competente para aplicar esa sanción a un diputado.
Según explicó Castillo, la competencia para conocer faltas o presuntos delitos atribuidos a diputados, ministros de Estado, procuradores, el contralor general o magistrados del Tribunal Electoral corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia; para viceministros, directores y gerentes de instituciones autónomas, recae en la Sala Segunda. La Antai tampoco tiene facultad para investigar faltas atribuidas al presidente de la República.
Quince sanciones desde 2024
Pese a las limitaciones descritas, Castillo informó que la Antai ha impuesto 15 sanciones por conflicto de interés desde que asumió la dirección de la institución, en 2024. Gabriel Santamaría, jefe de Asesoría Legal de la Antai, explicó que existen casos de familiares que, por el grado de parentesco, no configuran nepotismo bajo la ley, pero sí pueden analizarse como conflicto de interés, como sucede con alcaldes cuyos primos fueron vinculados a la administración pública.
La Antai reportó que, en la jornada de renovación de enero de este año, recibió 19,082 declaraciones juradas de intereses. El 100% de ministros, diputados y otras autoridades presentó el documento, frente al 97% de los alcaldes y el 82% de los vicealcaldes. Esas declaraciones, que la Ley 316 de 2022 exige notariar, no son de acceso público según la interpretación que ha mantenido la entidad.
Castillo planteó ante la comisión la necesidad de que se le den "más dientes" a la entidad, lo que implicaría reformar no solo la Ley 316, sino también las leyes 33 y 6, que regulan la creación de la Antai y el acceso a la información pública. Pidió a los diputados avanzar con las propuestas de reforma que reposan en comisiones, aunque reconoció que algunos cambios requerirían una consulta amplia con la ciudadanía. Su comparecencia se produjo durante las vistas presupuestarias que la Asamblea desarrolla esta semana, en las que también se discutió el presupuesto del Canal de Panamá.