Torres, que presidió el Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 antes de incorporarse al Ejecutivo central, conoce de primera mano la dimensión de la presión migratoria en el archipiélago, uno de los puntos de entrada más activos de la ruta atlántica hacia Europa junto con las costas de Ceuta y Melilla. Esa experiencia de gestión autonómica habría pesado en la decisión de Moncloa de encomendarle el papel de enlace frente a la nueva escalada de llegadas, en un contexto en el que varias comunidades autónomas y ayuntamientos han reclamado en los últimos meses una mayor implicación del Gobierno central en el reparto de menores no acompañados.
La ruta canaria ha concentrado en los últimos años una parte sustancial de las llegadas irregulares a España por vía marítima. El Ministerio del Interior publica de forma quincenal el balance de llegadas irregulares, cifras que suelen contrastarse con los registros de Frontex, la agencia europea de fronteras, para dimensionar el fenómeno en el conjunto de la Unión Europea. Ceuta y Melilla, por su condición de único territorio terrestre de la UE en el norte de África, siguen un protocolo específico de respuesta.
La decisión llega en un momento en el que el ministro afronta varios frentes judiciales que, según el material, lo mencionan sin que conste imputación formal. Su nombre ha sido citado en la investigación sobre el empresario Víctor de Aldama y la presunta trama de comisiones vinculada al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, en relación con contratos adjudicados durante la pandemia. La Audiencia Nacional instruye esa causa, en la que figuran como investigados el propio Aldama y el excolaborador de Ábalos, Koldo García.
A ese asunto se suman una cena mantenida con Ábalos y un constructor —referido en el material como Ruz—, cuya relevancia judicial no ha sido establecida por ningún tribunal, y la declaración de una testigo que habría mencionado al ministro en el marco de la instrucción. Ninguno de esos elementos ha derivado, hasta la fecha, en imputación formal contra Torres, sobre quien no pesa condición de investigado en las causas citadas.
El entorno del Ministerio de Política Territorial sostiene que Torres no está investigado en ninguna de las causas mencionadas y que su presencia en determinados encuentros no equivale a responsabilidad penal. El ministro ha reiterado en comparecencias anteriores su disposición a colaborar con la Justicia si fuera requerido y ha rechazado las insinuaciones que lo vinculan a las tramas bajo investigación.
Desde Moncloa se defiende la elección de Torres por su experiencia de gestión autonómica y por su capacidad de interlocución directa con las comunidades afectadas, evitando una lectura estrictamente competencial que recaería en Interior. El Ejecutivo enmarca la designación como una decisión operativa y no como un mensaje sobre el estado de las investigaciones judiciales que afectan al ministro.
El Partido Popular y Vox han cuestionado la idoneidad de que un ministro mencionado en distintas piezas judiciales asuma la gestión de una crisis migratoria de alcance estatal y han reclamado explicaciones en sede parlamentaria. Portavoces de ambas formaciones han pedido la comparecencia de Torres en el Congreso de los Diputados para que detalle su papel en la coordinación entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Gobierno de Canarias.
El marco legal de una gestión multinivel
La gestión de las llegadas migratorias en España combina la Ley de Extranjería, la normativa europea de asilo y las competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de acogida de menores no acompañados, lo que obliga a una coordinación entre Interior, Migraciones, las autonomías y los ayuntamientos. Esa arquitectura administrativa explicaría, según fuentes gubernamentales, la necesidad de una figura de enlace con perfil autonómico. La distribución de menores entre comunidades ha sido, precisamente, uno de los focos de fricción recientes entre el Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos.
La crisis migratoria en Ceuta no es un fenómeno inédito. En mayo de 2021, la ciudad autónoma vivió la entrada de más de 8.000 personas en apenas 48 horas tras una relajación temporal de los controles fronterizos marroquíes, episodio que derivó en una crisis diplomática entre Madrid y Rabat y que el Gobierno gestionó con despliegue del Ejército y de la Guardia Civil. Aquel precedente sigue marcando el protocolo de respuesta institucional ante repuntes súbitos de llegadas por la frontera sur.
La causa que investiga la presunta trama vinculada a Aldama y Koldo García ha derivado en la apertura de piezas separadas en la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia de covid-19 y presuntas comisiones por contratos públicos. La instrucción continúa abierta y sin fecha prevista de conclusión, un procedimiento que puede prolongarse durante meses antes de que el juez decida el archivo o la apertura de juicio oral para los investigados.
En los próximos días se espera que Torres detalle el plan de reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas y los recursos previstos para reforzar la acogida en Ceuta y Canarias. El Congreso podría fijar además una fecha para su comparecencia, en la que previsiblemente será preguntado tanto por la gestión migratoria como por las causas judiciales que mencionan su nombre.
