La valoración sobre la presidenta madrileña se enmarca en el género de la entrevista de opinión y constituye una apreciación personal del autor, sin respaldo en encuestas u otros datos citados por él mismo. Trapiello atribuyó el atractivo de posiciones como la de Ayuso a un desplazamiento de parte del electorado que antes se identificaba con la izquierda.
El grueso de sus críticas se dirigió, no obstante, al expresidente Zapatero. Sobre la etapa socialista, el escritor sostuvo: «Las joyas de Zapatero dan vergüenza, pero lo grave es su pacto con ETA y su ley de memoria histórica». La primera referencia alude a un episodio ya conocido de la trayectoria pública del expresidente, que Trapiello calificó de asunto menor frente a lo que considera decisiones políticas de mayor calado.
El proceso de diálogo con ETA de 2006, dos décadas después
El proceso al que alude Trapiello se autorizó mediante una resolución aprobada en el Congreso el 17 de mayo de 2005 con los votos de PSOE, IU, ERC, CiU, PNV y CC, y el rechazo del PP. La banda declaró un alto el fuego permanente en marzo de 2006, que se rompió con el atentado en la terminal T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de ese año, en el que murieron dos personas. Sigue siendo, veinte años después, uno de los episodios más controvertidos de aquella etapa.
El Partido Popular mantuvo entonces, y ha sostenido después, que el diálogo institucional con una organización terrorista comprometía principios básicos del Estado de derecho. El PSOE defendió el proceso como una vía legítima, amparada por el Parlamento, para poner fin a más de cuatro décadas de violencia. ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011 y anunció su disolución en mayo de 2018, doce años después de la ruptura de aquella negociación.
La segunda crítica del escritor apunta a la legislación de memoria. La Ley de Memoria Histórica se aprobó en 2007 bajo el Gobierno de Zapatero y fue ampliada por la Ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el apoyo de ERC, Bildu y otros socios. Esta última, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de octubre de 2022, amplía los supuestos de reparación a las víctimas del franquismo, declara ilegales los tribunales sumarísimos de la dictadura y crea una fiscalía especializada en derechos humanos y memoria democrática.
El PP y Vox han mantenido una posición crítica frente a esta legislación, a la que reprochan aplicar un criterio que consideran unilateral sobre la historia reciente. El PSOE y sus socios la han defendido como un instrumento de justicia, verdad y reparación amparado en estándares de derecho internacional y en recomendaciones de Naciones Unidas sobre memoria y no repetición.
En el plano personal, Trapiello estableció una comparación con el papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 tras doce años de pontificado. «No comparto con el Papa su idea del aborto o la eutanasia, pero él dice en público lo que piensa en privado, al contrario de lo que hacen los del Parlamento», afirmó, censurando lo que considera una disonancia entre discurso público y convicción privada en la clase parlamentaria española. En un registro más íntimo, el autor añadió: «Nunca me he podido acostar con una persona de la que no estuviera enamorado, aunque fuese media hora».
Ni el gabinete de Isabel Díaz Ayuso ni el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero han emitido por el momento una respuesta pública a estas declaraciones.
Trapiello, nacido en León en 1953, se ha significado a lo largo de su trayectoria literaria por posiciones críticas con distintos gobiernos, tanto del PSOE como, en ocasiones, del PP, desde una perspectiva que él mismo ha descrito como no adscrita a disciplina de partido. Su obra incluye la extensa serie de diarios 'Salón de pasos perdidos', y ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ensayo, entre otros galardones.
El debate sobre la gestión de la memoria histórica y el balance del proceso de paz con ETA continuará presente en la vida pública española en los próximos meses, coincidiendo con distintos aniversarios y con recursos judiciales pendientes contra la Ley de Memoria Democrática de 2022, algunos ante el Tribunal Constitucional, cuya resolución fijaría el marco jurídico definitivo de la norma.
