La primera demanda está en cabeza de TPL Energía, Termocandelaria Power, con sede en España y dueña de Tebsa y Termocandelaria, generadoras que suman más de 1.400 MW. Se presentó en abril de 2026 y sus pretensiones ascienden a unos US$200 millones. La segunda fue interpuesta por Glenfarne, propietaria de Termoflores, Termovalle y Termonorte, también con matriz en España, por un valor cercano a los US$140 millones. En conjunto, los reclamos rondan los US$340 millones, una cifra que, según los demandantes, podría seguir en aumento a medida que se acumulan los impagos.
Ambas acciones se presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución que forma parte del Grupo del Banco Mundial y que dirime controversias entre inversionistas extranjeros y Estados. Las térmicas litigan al amparo del acuerdo de protección a la inversión vigente entre Colombia y España, aplicable porque las casas matrices de las generadoras están domiciliadas en ese país. Este tipo de tratados bilaterales permite a un inversionista demandar directamente al Estado receptor cuando considera que una medida gubernamental afectó sus derechos, sin necesidad de agotar previamente la jurisdicción interna.
El detonante, según los generadores, fue la intervención de Air-e ordenada por el gobierno Petro. Con esa decisión, el manejo de la compañía pasó a manos del Ejecutivo, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió una circular en la que comunicó a los generadores —en particular a los térmicos— que no podían negarse a entregar la energía aun cuando no se les pagara por ella. El Gobierno, además, decidió no aplicar a las empresas intervenidas la figura de la limitación de suministro, el mecanismo regulatorio que permite recortar el flujo de energía a un agente moroso.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg —gremio que agrupa a las térmicas—, sostuvo que esa medida contraviene la regulación del sector y lo comparó con la situación de un usuario común. "Si una empresa no le paga al resto de compañías que le proveen energía, también le cortan el servicio, lo que se llama una limitación de suministro", explicó. A juicio del dirigente, la excepción concedida a las intervenidas dio inicio a lo que denominó "el desangre" de las generadoras térmicas.
Castañeda cifró el impacto financiero: Air-e está dejando de pagar mensualmente cerca de $380.000 millones. "Eso fue lo que dejó de pagar en julio y estamos esperando el golpe de agosto, que debe ser algo similar. Esto tiene a las compañías contra las cuerdas", agregó. Las deudas del sector con Air-e superan los $3 billones, un pasivo que, según el gremio, representa un riesgo sistémico para toda la cadena de generación.
Un sistema eléctrico bajo presión
El litigio coincide con un deterioro de los indicadores del sector. De acuerdo con el corte de cuentas del gobierno de De La Espriella, el país pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 % en 2022 a un déficit del 4,4 % en 2026. De los 4.475 MW de nueva generación esperados para este año, solo ha entrado en operación el 15,5 %, mientras cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presentan atrasos. Entre abril y julio de 2026 se registraron 216 desconexiones por sobrecarga.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que "la vulnerabilidad del sistema aumentó de forma significativa". A la fragilidad eléctrica se suma el frente del gas natural: Colombia, tradicionalmente autosuficiente, importa hoy cerca del 30 % de la demanda nacional. La confluencia de estos factores con la llegada de El Niño ha reavivado el recuerdo del racionamiento eléctrico de 1992, cuando el país afrontó cortes de energía programados durante meses bajo la administración de César Gaviria, un episodio que marcó la política energética colombiana de las décadas siguientes.
La crisis de Air-e ocupa el centro del cuadro. La distribuidora, intervenida por el gobierno anterior, atraviesa una profunda crisis financiera con deudas frente al sector que sobrepasan los $3 billones. Su desbalance arrastra a los generadores que le suministran energía y, según el gremio, amenaza con propagarse al resto del sistema si no se resuelve el esquema de pagos.
El Ciadi tramita cada caso mediante la conformación de un tribunal arbitral cuyos laudos son de obligatorio cumplimiento para las partes. Los procesos suelen extenderse durante varios años e incluyen etapas de jurisdicción, fondo y eventual anulación. Colombia ha enfrentado antes reclamaciones en esa instancia por decisiones regulatorias y mineras, lo que ha convertido al mecanismo en un foco recurrente de exposición fiscal para el Estado.
El desenlace de las dos demandas dependerá de la conformación de los respectivos tribunales y de los plazos procesales del Ciadi, que difícilmente arrojarán decisiones de fondo en el corto plazo. En paralelo, el gobierno De La Espriella deberá definir el futuro de la intervención de Air-e y el esquema de pago de sus obligaciones, mientras el país entra en la temporada de mayor demanda y menor hidrología asociada a El Niño. De la resolución de ambos frentes —el jurídico internacional y el financiero interno— depende buena parte de la estabilidad del suministro en los próximos meses.
