El gremio proyectó que, de no adoptarse medidas de choque, se perderían más de 200.000 empleos vinculados a la cadena gastronómica del Valle del Cauca, un cálculo que, de confirmarse, representaría un golpe severo para uno de los sectores que más mano de obra emplea en el departamento. El comercio y los servicios de alojamiento y comida figuran, según la composición del empleo que registra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre las ramas con mayor absorción de trabajadores en las grandes áreas urbanas del país.
La propuesta tributaria incluiría el aplazamiento del pago del impuesto de industria y comercio (ICA), que administran las alcaldías municipales, así como facilidades en el recaudo de la retención en la fuente y del impuesto sobre las ventas (IVA), que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El gremio también solicitó líneas de crédito con tasas subsidiadas a través de entidades como Bancóldex, aunque no se ha precisado si existe ya un canal formal de negociación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o con la Gobernación del Valle del Cauca.
El sismo habría dejado daños estructurales en establecimientos comerciales y forzó la suspensión temporal de actividades por motivos de seguridad en varios sectores de Cali. No se dispone todavía de un balance oficial consolidado de pérdidas económicas atribuible a una entidad pública. El sector sostiene que el impacto se suma a una coyuntura de por sí compleja, marcada en los últimos años por los efectos del paro nacional de 2021 —que golpeó con especial dureza a Cali— y por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de covid-19.
Un precedente en la emergencia por la pandemia
La solicitud de alivios tributarios no es inédita. Durante la emergencia sanitaria por la covid-19, el Gobierno nacional expidió decretos legislativos al amparo del estado de emergencia económica, social y ecológica previsto en el artículo 215 de la Constitución Política, que permitieron aplazamientos y exoneraciones parciales de tributos para sectores como el turismo y la gastronomía. Aquel antecedente podría servir de referencia para la actual solicitud, aunque su aplicación exigiría un marco normativo específico que hasta ahora no se ha anunciado.
El diseño institucional determina la ruta de cualquier alivio. Una medida de alcance nacional que modifique de forma permanente el Estatuto Tributario requeriría trámite ante el Congreso de la República; una salida excepcional podría articularse mediante decreto presidencial si se ampara en una declaratoria de emergencia. En el caso de tributos territoriales como el ICA, la competencia recae en los concejos municipales y en la respectiva administración, lo que añade una capa de coordinación entre el nivel nacional y el local.
Hasta el momento no se ha conocido una respuesta oficial de la Alcaldía de Cali ni del Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad de la propuesta gremial. Tampoco ha trascendido una posición de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), cuya seccional Valle ha sido tradicionalmente uno de los canales de interlocución del sector gastronómico y comercial de la región con las autoridades departamentales.
El impacto del sismo se inserta en un contexto de recuperación gradual del sector gastronómico nacional, que según las mediciones del Producto Interno Bruto por ramas de actividad que publica el DANE ha mostrado un comportamiento mixto en los últimos trimestres, con fuerte dependencia del consumo interno y del turismo doméstico e internacional en ciudades como Cali, reconocida como capital de la salsa y polo gastronómico del suroccidente colombiano.
La proyección de pérdida de empleos formulada por el gremio no cuenta, por ahora, con una validación independiente del DANE o del Ministerio del Trabajo. La metodología del cálculo será, previsiblemente, objeto de escrutinio si la propuesta avanza hacia una mesa de negociación formal con el Gobierno nacional o departamental.
En el trasfondo de la solicitud está la discusión más amplia sobre la carga tributaria del sector empresarial colombiano, que ha marcado el debate legislativo a propósito de las reformas tributarias tramitadas en el Congreso, con posiciones encontradas entre los gremios económicos, que reclaman mayor flexibilidad, y el Gobierno nacional, que ha defendido la necesidad de sostener el recaudo para financiar el Presupuesto General de la Nación.
De concretarse alguna medida, el siguiente paso previsible sería la radicación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Cali para los tributos de competencia municipal, o la expedición de un decreto por parte del Gobierno nacional si se opta por una salida de mayor alcance. Mientras tanto, el sector gastronómico del Valle del Cauca continúa a la espera de definiciones que, según el planteamiento gremial, resultarían determinantes para la supervivencia de miles de establecimientos en los próximos meses.
