El nombramiento se conoció tras la instalación del nuevo gabinete, en un contexto en el que la cartera de las TIC concentra buena parte de la agenda de infraestructura digital que el gobierno entrante ha planteado como prioridad. Falla llega a un ministerio que administra, entre otras funciones, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, encargado de financiar los proyectos de ampliación de cobertura en las regiones donde el acceso a internet sigue siendo limitado.
La trayectoria profesional de la nueva ministra combina experiencia en el sector público y privado a lo largo de casi tres décadas. Fue directora operativa de Canal Capital, subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de TransMilenio S. A. y vicepresidenta de Radio de Inravisión, además de coordinadora académica de la facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado. También diseñó una de las primeras especializaciones en Gerencia de las Comunicaciones del país, ofrecida por la Universidad Central. Cuenta, asimismo, con una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma universidad.
Entre 2012 y 2015, según la hoja de vida difundida por el ministerio, integró la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), donde, de acuerdo con el comunicado de la cartera, «lideró el proceso de implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia, y participó en decisiones relacionadas con la asignación de concesiones del servicio de televisión y la administración del espectro destinado al sector audiovisual». Esa etapa la vincula con uno de los procesos regulatorios más complejos que ha enfrentado el sector audiovisual en las últimas dos décadas.
Un rezago rural que arrastran varios gobiernos
El reto que asume no es menor. El rezago en conectividad rural es una de las brechas más persistentes de la política pública colombiana: sucesivos gobiernos, desde la creación del entonces Ministerio de Comunicaciones —transformado en cartera TIC mediante la Ley 1341 de 2009—, han fijado metas de cobertura universal que solo se han cumplido de manera parcial en los centros urbanos, mientras amplias zonas de la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico continúan con acceso limitado o nulo a internet de banda ancha.
El nuevo gobierno ha fijado tres ejes de trabajo para la cartera, según el comunicado oficial: consolidar una estrategia de soberanía digital que fortalezca las capacidades tecnológicas nacionales, continuar la expansión de la conectividad en zonas rurales y apartadas garantizando un acceso equitativo a internet, e impulsar la adopción de tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, como herramienta para mejorar la productividad y la competitividad del país. Ninguno de estos objetivos ha sido presentado todavía como proyecto de ley o documento Conpes, por lo que su desarrollo dependerá de las definiciones presupuestales que se tramiten en el Congreso de la República en los próximos meses.
La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia siguiente será, en ese sentido, un primer termómetro de las prioridades reales del ministerio. Los recursos del Fondo Único de TIC provienen en buena parte de las contraprestaciones que pagan los operadores de telecomunicaciones, un esquema que ha sido objeto de debate técnico sobre su suficiencia para cerrar la brecha digital en los territorios más alejados de los centros urbanos.
La designación de una profesional con trayectoria en medios públicos y regulación audiovisual, más que en telecomunicaciones, abre el interrogante sobre el peso que tendrá el componente de medios públicos y contenidos frente a la infraestructura de redes. El propio comunicado de la cartera enmarca su llegada como «el inicio de una nueva etapa» para «fortalecer los medios públicos y también la conectividad en todo el país».
Voceros del sector privado de telecomunicaciones, que agrupa a los principales operadores de telefonía móvil e internet fijo del país, no se han pronunciado todavía de manera oficial sobre el nombramiento. Tampoco lo ha hecho la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad técnica encargada de fijar las condiciones de competencia y calidad del servicio, con la que la nueva ministra deberá coordinar cualquier ajuste normativo relevante.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, órganos de control con competencia sobre la ejecución de recursos públicos en el sector TIC, mantienen líneas de seguimiento a proyectos de conectividad rural financiados en administraciones anteriores. Ese historial de vigilancia fiscal será, previsiblemente, uno de los marcos en los que se evalúe la gestión de la nueva cartera.
El calendario legislativo marcará los primeros hitos de la gestión de Falla: la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso en agosto obliga al Ejecutivo a radicar el proyecto de Presupuesto General de la Nación en las semanas siguientes, instancia en la que se conocerán las partidas concretas asignadas al Fondo Único de TIC y, con ellas, el alcance real de las metas de conectividad rural anunciadas por el nuevo gobierno.
