El reconocimiento de estas carencias se produce en un contexto en el que la coordinación entre los servicios de inteligencia español y marroquí sigue formalmente activa, aunque, según las fuentes consultadas, la confianza entre ambos aparatos se habría resentido tras lo ocurrido. Al preguntar a sus contactos al otro lado de la frontera sobre el origen de la movilización, la respuesta habría sido la misma sorpresa manifestada en Ceuta, algo que estos analistas consideran difícil de sostener dada la capacidad de vigilancia que atribuyen a Rabat.
Esas mismas fuentes de inteligencia subrayan que el régimen marroquí cuenta con una red de informadores de barrio, conocidos como 'mugadem', encargados de trasladar al Estado cualquier movimiento significativo en sus demarcaciones. Bajo esa premisa, consideran poco verosímil que las autoridades marroquíes desconocieran la gestación de una marcha simultánea desde varias ciudades del país. «Es imposible que no se enteraran de una gran marcha o un gran éxodo desde diferentes ciudades», sostienen las fuentes citadas por ABC.
El Servicio de Información de la Guardia Civil habría remitido informes de alerta desde el fin de semana previo, advirtiendo del repunte de intentos de cruce a nado tras una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el régimen fronterizo de la ciudad autónoma. Esos avisos, según las fuentes policiales, apuntaban ya a un posible efecto llamada amplificado a través de redes sociales como Facebook, empleadas de forma masiva por jóvenes marroquíes.
Los datos manejados en los días previos eran, sin embargo, sensiblemente inferiores a los finalmente registrados. Los gendarmes marroquíes habrían interceptado una media de 200 personas diarias en las jornadas anteriores al episodio masivo, cifra que se disparó de forma abrupta cuando se formó la gran marcha. Según las fuentes policiales consultadas, en ese momento las fuerzas marroquíes se habrían retirado, permitiendo el avance hacia territorio español.
Una generación sin expectativas y una salida tolerada
Dos factores ayudarían a explicar lo sucedido, siempre según los analistas consultados. El primero es el papel de una generación de jóvenes marroquíes sin expectativas económicas claras, con salarios en torno a 350 euros mensuales y condiciones de vida precarias, que constituirían el grueso de quienes solicitaron permanecer en España y no regresaron de forma voluntaria a Marruecos. El segundo es la relación de estos perfiles con las autoridades: las mismas fuentes sostienen que su salida del país no representaría un problema para el régimen de Mohamed VI, lo que explicaría la permisividad detectada en el dispositivo fronterizo durante el episodio.
No todos los que cruzaron permanecieron en Ceuta. Fuentes policiales españolas señalan que una parte relevante de quienes entraron regresaron a Marruecos en un plazo de 24 horas, en lo que describen como un comportamiento ya observado en la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando numerosos menores cruzaron la frontera sin intención de permanecer de forma estable.
La legislación española obliga a tratar a los menores no acompañados conforme al marco de protección de la infancia, lo que impide su retorno inmediato sin las garantías legales correspondientes, incluida la verificación de su identidad y vínculo familiar. Esa obligación generó en 2021 un intenso trabajo administrativo para la Policía Nacional, que tuvo que gestionar la comparecencia de familias marroquíes desplazadas hasta la frontera para acreditar el parentesco.
Un mando policial que vivió aquel proceso ha criticado el coste de esas diligencias: «Son medidas que tenemos que hacer para cumplir la ley, pero que son costosas y además nos quitan demasiado tiempo que no dedicamos a cosas más serias». Las unidades las consideran necesarias, pero desproporcionadas frente a la magnitud de la crisis y en detrimento de otras tareas de seguridad.
La organización logística detectada en la marcha —con salida coordinada desde distintas ciudades marroquíes— es, según los especialistas en seguridad consultados, el elemento que más preocupa de cara a episodios similares, entre ellos una eventual repetición del fenómeno en Melilla, donde se habría activado un dispositivo de vigilancia reforzado.
El episodio se enmarca en una relación bilateral hispano-marroquí condicionada históricamente por la gestión de fronteras en Ceuta y Melilla. El precedente más inmediato es la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas accedieron a Ceuta después de que Marruecos relajara los controles fronterizos, en plena fricción con España por la acogida sanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en la retirada temporal de la embajadora marroquí y en meses de tensión diplomática antes de la reconciliación de 2022.
Por el momento no consta que se hayan iniciado actuaciones judiciales formales derivadas de este episodio, ni un procedimiento penal abierto contra responsables concretos por presunta dejación de funciones o coordinación deficiente. El seguimiento de la crisis se mantiene en el ámbito de los servicios de información y las autoridades fronterizas, a la espera de si los avisos internos previos —cuyo contenido y difusión aún no han sido evaluados de forma pública— acaban siendo objeto de alguna revisión oficial en las próximas semanas.
