La negociación entre Bogotá y Tokio se remonta a 2011, cuando ambos gobiernos anunciaron la intención de explorar un tratado de libre comercio que complementara los acuerdos que Colombia ya mantenía con otros socios asiáticos, como Corea del Sur. Tras varias rondas de conversaciones técnicas realizadas de forma intermitente durante la última década, el proceso se suspendió formalmente en 2021 sin que se hubiera cerrado un texto definitivo.
El principal obstáculo, según ha trascendido a través de gremios del sector agropecuario, habría sido la resistencia de Japón a otorgar concesiones arancelarias sustanciales en productos agrícolas sensibles para su mercado interno, como el azúcar, la carne de res y ciertos derivados lácteos, rubros en los que Colombia buscaba abrir espacio de exportación. Japón mantiene una política agrícola históricamente protegida, con aranceles elevados y cuotas de importación que buscan resguardar a sus productores rurales frente a la competencia externa.
Un mercado de altos ingresos y un socio marginal en las exportaciones
La reactivación del diálogo llegaría en un momento en el que el comercio bilateral entre los dos países se mantiene por debajo de su potencial. Japón ha sido históricamente un socio comercial relevante para Colombia en Asia, aunque su participación en el total de exportaciones colombianas es marginal frente a mercados como EE. UU., la Unión Europea o China, según el registro histórico del DANE sobre comercio exterior. Para el Gobierno colombiano, un acuerdo con Tokio representaría la posibilidad de ampliar el acceso a un mercado de altos ingresos y con demanda estable de bienes agroindustriales, minerales y manufacturas livianas.
La diversificación de destinos de exportación ha sido un objetivo reiterado por sucesivos gobiernos colombianos, tanto en el mandato de Iván Duque como en el actual, ante la volatilidad de precios de materias primas como el petróleo y el carbón. Colombia ha señalado en el pasado que buscaría condiciones similares a las obtenidas por otros países de la región, particularmente en materia agrícola.
El precedente más cercano de este tipo de negociación es el acuerdo de asociación económica que Japón mantiene con países como México, Chile y Perú, vigentes desde hace más de una década, que han servido de referencia para el diseño de esquemas arancelarios asimétricos y calendarios de desgravación progresiva.
Gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, han insistido en distintos momentos de la negociación en que cualquier acuerdo con Japón debe incluir compromisos reales de acceso para productos agropecuarios colombianos, y no limitarse a la apertura del mercado colombiano a manufacturas y tecnología japonesa, sector en el que Japón mantiene una posición exportadora consolidada, particularmente en vehículos, autopartes y equipos electrónicos.
Desde el sector automotor colombiano, que importa una parte significativa de sus carros y autopartes de marcas japonesas, un eventual acuerdo podría traducirse en menores aranceles de importación, con efectos sobre los precios al consumidor final. Actualmente, la importación de vehículos desde países sin acuerdo comercial vigente con Colombia enfrenta aranceles que encarecen su comercialización frente a marcas de países con tratados de libre comercio en vigor, como Corea del Sur.
El presidente negocia, el Congreso y la Corte deciden
El marco normativo para este tipo de negociaciones está definido por la Ley 7 de 1991 y sus decretos reglamentarios, que otorgan al presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones comerciales internacionales, con la obligación de someter cualquier tratado resultante a la aprobación del Congreso de la República y a la revisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional antes de su ratificación.
La reactivación de una negociación suspendida no es inusual en la historia comercial colombiana. El propio Tratado de Libre Comercio con EE. UU., firmado en 2006, atravesó varios años de parálisis por objeciones del Congreso estadounidense antes de entrar en vigencia en 2012. De forma similar, el acuerdo con la Unión Europea, suscrito en 2012, tuvo antecedentes de negociaciones fallidas en bloque con la Comunidad Andina antes de concretarse de manera bilateral.
Por parte de Japón, el interés en reactivar el diálogo podría enmarcarse en su estrategia de fortalecer vínculos comerciales con América Latina en un contexto de reconfiguración de cadenas de suministro globales, en el que Tokio ha buscado reducir su dependencia de proveedores concentrados en Asia continental, particularmente China, y diversificar el acceso a materias primas y mercados de consumo en la región.
De confirmarse el reinicio formal de las negociaciones, el proceso deberá pasar por nuevas rondas técnicas entre delegaciones de ambos países, cuya duración es difícil de estimar dado el historial intermitente del proceso. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no ha entregado hasta el momento un cronograma oficial ni ha confirmado fechas para una eventual nueva ronda de conversaciones con la contraparte japonesa.
El resultado será monitoreado de cerca por los gremios agropecuarios y por el sector exportador colombiano, que esperan que cualquier acuerdo incluya garantías reales de acceso a mercado en productos sensibles, mientras que el sector importador de bienes de consumo y tecnología japonesa observará con atención el eventual cronograma de desgravación arancelaria que se negocie.
