El comunicado, atribuido al equipo de De La Espriella, describió a Blanco como «el hombre sencillo y firme que llega a recuperar la confiabilidad y la credibilidad en la UNP, a reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos para cumplirlos a rajatabla». El texto también sostuvo que será «el que va a acabar con los focos de corrupción gracias a su conocimiento y experiencia» en la prestación de seguridad en el país.
Entre las primeras tareas del nuevo director, según el mismo comunicado, figuran «atacar los focos de corrupción y el clientelismo en la entidad», recuperar la confianza institucional y «reivindicar el oficio de hombre de seguridad o escolta». El equipo de prensa del presidente electo prometió «una UNP renovada y reputada, donde todas las vidas son importantes» y «se protegerá al ser humano sin ningún distingo». El material difundido no precisó la trayectoria profesional previa de Blanco.
La disputa por la sede de la posesión
El Senado aprobó, en sesión del 23 de julio, que la ceremonia de posesión presidencial se realice en Popayán, capital del departamento del Cauca, en un recinto que el comunicado de la campaña denominó la «Casa de los Héroes de la Patria». La decisión se aparta de la costumbre reciente, según la cual las posesiones se han celebrado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente al Capitolio Nacional. El artículo 188 de la Constitución fija la fórmula del juramento presidencial, pero no establece un lugar único para el acto, de modo que la sede ha quedado sujeta a la tradición institucional y, en este caso, a la decisión del Congreso.
De La Espriella celebró la votación a través de su cuenta en X. «Ayer, el Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria», escribió el presidente electo, que enmarcó el resultado en la «colaboración armónica entre los poderes públicos». En el mismo mensaje agradeció «a los respetados senadores» y planteó lo que llamó el «acuerdo sobre lo fundamental»: «seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente». El material disponible no recoge, hasta el momento, pronunciamientos de las bancadas que se opusieron al traslado.
Una entidad bajo escrutinio recurrente
La UNP fue creada en 2011, mediante el Decreto 4065, como parte del reordenamiento institucional que siguió a la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), suprimido ese mismo año en medio de escándalos por interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados, periodistas y opositores. Desde entonces, la dirección de la entidad ha rotado por varios titulares, algunos de los cuales salieron en medio de cuestionamientos por la contratación de vehículos blindados, la asignación de escoltas y las demoras en la implementación de esquemas de protección.
La entidad tiene entre sus poblaciones prioritarias a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y a los líderes sociales, un colectivo cuya protección ha sido objeto de debate por los homicidios registrados pese a la existencia de medidas otorgadas por la propia UNP. Cualquier cambio en su dirección suele ser seguido de cerca por las organizaciones de derechos humanos, que hasta el momento no se han pronunciado públicamente sobre la llegada de Blanco.
El comunicado de la campaña no detalla si el nuevo director planea impulsar reformas normativas o si su gestión se limitará a ajustes administrativos y de personal. Tampoco se ha informado si Blanco comparecerá ante alguna comisión del Congreso antes de asumir, un trámite que no es obligatorio para este tipo de cargos, adscritos al Ejecutivo, pero que algunos directores entrantes han utilizado en el pasado para exponer sus planes.
La designación se suma a los demás nombramientos del gabinete de De La Espriella anunciados en las semanas previas, dentro del empalme con el Gobierno saliente que, conforme al calendario constitucional, concluye el 7 de agosto, cuando el país tendrá formalmente un nuevo presidente y un nuevo equipo de gobierno.
De cara a las próximas semanas, el seguimiento a los primeros actos administrativos del nuevo Gobierno corresponderá a los organismos de control —Procuraduría y Contraloría—, mientras el Congreso instala su agenda con el Ejecutivo entrante. La gestión de Blanco al frente de la UNP, una entidad que administra esquemas de protección para miles de personas con cargo al Presupuesto General de la Nación, será uno de los primeros indicadores del rumbo que arranca el 7 de agosto en Popayán.
