Según el relato presidencial, Castillo Cortés tenía una trayectoria criminal de cerca de diez años dentro de las disidencias y era responsable de varios de los ataques de mayor impacto registrados en el suroccidente del país. De la Espriella lo vinculó directamente con el atentado simultáneo contra varias estaciones de Policía en Cali, ocurrido el 10 de junio de 2025, uno de los golpes de mayor repercusión urbana atribuidos a estas estructuras.
El mandatario también señaló a alias Max Max como autor del ataque contra el Batallón Pichincha, sobre la vía Panamericana, y del atentado con camión bomba contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, hecho que, según su versión, dejó 20 personas fallecidas y varios heridos. De la Espriella añadió que el abatido participó en al menos otras cinco acciones terroristas, sin detallar fechas ni lugares de todas ellas.
La responsabilidad penal individual de Castillo Cortés en cada uno de esos hechos correspondería establecerla a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada en estos casos de las diligencias de levantamiento e identificación del cuerpo y del esclarecimiento judicial de la responsabilidad atribuida, un proceso que normalmente toma semanas o meses y que no siempre coincide en su totalidad con el reporte inicial del Gobierno.
"Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano", dijo el jefe de Estado, quien calificó la operación como "otro golpe contundente contra el narcoterrorismo". El presidente advirtió que todo integrante de estas estructuras que no se someta al imperio de la ley será dado de baja, en línea con la postura que ha mantenido en operativos recientes que, según el Ejecutivo, han terminado con bajas y decomisos de material bélico y de comunicaciones.
"Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece. Este Gobierno está comprometido y respaldando a nuestra Fuerza Pública para acabar con la criminalidad", señaló De la Espriella, quien cerró su mensaje con una exaltación a la institución militar: "Que viva nuestra Fuerza Pública, que viva Colombia y hoy más que nunca estoy firme por la patria".
La ofensiva contra las disidencias de Mordisco
El operativo se enmarca en la ofensiva militar que el Gobierno mantiene contra las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 ni a los procesos de negociación posteriores. Estas estructuras operan principalmente en el suroccidente colombiano —Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo—, se financian mediante economías ilícitas ligadas al narcotráfico y disputan corredores estratégicos hacia el Pacífico.
Alias Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, encabeza una de las principales facciones que se apartaron del proceso de paz. Su estructura ha sido señalada por organismos de derechos humanos y por la propia Fuerza Pública como responsable de desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y ataques contra la infraestructura estatal. El atentado con camión bomba contra la Escuela Militar Marco Fidel Suárez figura entre los ataques con mayor número de víctimas contra instalaciones militares en los últimos años.
La ejecución de cabecillas por la vía de operativos militares no es nueva en la historia reciente del conflicto colombiano. En operaciones de alto perfil como la muerte del entonces jefe de las FARC alias Raúl Reyes en 2008 o la del comandante alias Alfonso Cano en 2011, el Estado combinó el golpe con reportes posteriores de inteligencia y material incautado; la magnitud de esos precedentes ilustra el peso que el Ejecutivo suele atribuir a este tipo de bajas dentro de su estrategia de seguridad.
La política de seguridad frente a las disidencias ha sido objeto de debate en el Congreso de la República, donde distintas bancadas han solicitado balances periódicos sobre los resultados de la ofensiva militar y sobre los diálogos de paz que en el pasado se intentaron adelantar con algunas de estas estructuras, sin que se haya llegado a acuerdos definitivos con la facción liderada por Mordisco.
Organizaciones sociales y de derechos humanos del Cauca y el Valle del Cauca han pedido que los operativos se realicen con estricto apego al derecho internacional humanitario y que se garantice la verificación independiente de las bajas reportadas, en particular en zonas rurales de difícil acceso donde la presencia de población civil complica el esclarecimiento inmediato de los hechos.
En las próximas horas se espera un reporte oficial del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional con el balance de armamento, material de guerra o insumos para la fabricación de explosivos incautados en la zona, un procedimiento habitual tras este tipo de acciones contra las disidencias en el suroccidente del país.
