«Ceuta es la bola de cristal donde se puede ver el futuro de España», sostuvo Abascal en la entrevista, en la que reclamó estar «todos unidos en la calle como un solo hombre defendiendo la seguridad y soberanía». El líder de Vox enmarcó el llamamiento en un objetivo político explícito: «Tenemos la responsabilidad de poder librarnos todavía hoy de Sánchez», advirtió.
Abascal definió lo ocurrido en la frontera ceutí como «una invasión y punto» por parte de Marruecos y lo identificó con «una guerra híbrida», un concepto que en la literatura de seguridad y defensa alude al uso combinado de presión migratoria, desinformación y otras herramientas no convencionales por parte de un actor estatal para desestabilizar a otro sin conflicto armado declarado. Ni el Gobierno de España ni el Ejecutivo marroquí han corroborado esa caracterización de los hechos recientes.
El de Vox fue más allá al reclamar que se «juzgue a Sánchez por traición», una expresión que remite a la campaña que su partido mantiene en el Congreso de los Diputados para activar el artículo 102 de la Constitución, que regula la responsabilidad penal del presidente del Gobierno. Ese precepto exige la iniciativa de la cuarta parte de los diputados —88 de los 350 escaños— y su aprobación por mayoría absoluta de la Cámara para admitir a trámite una acusación, un umbral inalcanzable sin el respaldo del Partido Popular, principal fuerza de la oposición.
El PP no ha respaldado hasta la fecha esa iniciativa ni se ha pronunciado sobre el llamamiento de Abascal a acudir conjuntamente a la manifestación. Fuentes del partido no han confirmado su participación institucional en la convocatoria, aunque no se descarta la asistencia a título individual de cargos populares, en línea con la posición mantenida por la formación en otras protestas sobre política migratoria y fronteriza.
Según trasladó el propio Abascal en sus redes sociales, la Delegación del Gobierno en Madrid habría valorado restringir la manifestación de este miércoles. El líder de Vox respondió que «estaría con los españoles» y adelantó que no acataría ningún boicot del Ejecutivo. El derecho de reunión y manifestación está reconocido en el artículo 21 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 9/1983, que permite a la autoridad gubernativa modificar el itinerario o, en casos excepcionales y motivados de alteración del orden público, prohibir una concentración, decisión siempre recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Ministerio del Interior no ha confirmado la circunstancia relatada por Abascal.
El comunicador que le entrevistó, Federico Jiménez Losantos, interpretó el supuesto intento de restricción como una maniobra del Gobierno para evitar que «se viera la unidad de PP y Vox en la calle»: «Quería impedir multitudes en la calle a un día de su comparecencia», afirmó. Moncloa no ha respondido a esa interpretación ni ha detallado el contenido de la comparecencia presidencial aludida.
La convocatoria evoca la manifestación del 10 de febrero de 2019 en la plaza de Colón de Madrid, conocida como «el trío de Colón», cuando los entonces líderes de PP, Ciudadanos y Vox —Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal— posaron juntos para reclamar la convocatoria de elecciones generales en plena crisis territorial catalana. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre las tres formaciones, tras la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018.
Ceuta, junto a Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano y ha sido escenario histórico de episodios de tensión migratoria, el más recordado el salto masivo de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron el perímetro en un contexto de crisis diplomática entre España y Marruecos por la acogida sanitaria en territorio español al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La cuestión ceutí se inscribe en una recomposición de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, marcadas en la última década por episodios de tensión y acercamiento alternos, entre ellos el giro español de 2022 respecto al Sáhara Occidental, que reconoció el plan de autonomía marroquí como base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, una decisión que generó división en el propio Ejecutivo de coalición. La ciudad autónoma, con estatuto propio desde 1995, mantiene una economía dependiente del comercio transfronterizo, sector afectado tras el cierre de los pasos comerciales terrestres decretado por Rabat en 2018.
Vox ha convertido la política migratoria y la relación con Marruecos en uno de los ejes centrales de su discurso desde su irrupción parlamentaria, mientras el Gobierno defiende que la gestión de fronteras se enmarca en la cooperación con Rabat y en los mecanismos de la Unión Europea, que financia parte del control fronterizo en Ceuta y Melilla. La reaparición de Abascal en ese espacio radiofónico se produce en un momento en que la formación busca presionar al PP para que defina su postura ante la posible activación de mecanismos de control al Ejecutivo.
En los próximos días será determinante comprobar si la manifestación convocada se celebra sin restricciones, qué grado de participación institucional del PP se registra finalmente y si el debate sobre el artículo 102 avanza en el Congreso, donde por ahora la iniciativa de Vox no reúne los 88 diputados necesarios para su admisión a trámite ni la mayoría absoluta exigida para prosperar.
