Brito, quien viajó a Bogotá con su familia, relató en un video publicado en sus cuentas que subió al cerro y decidió almorzar en uno de los restaurantes de la cima sin revisar previamente la carta. "Me robaron en Monserrate y esto es una denuncia pública porque fue un robo diferente. Mi familia vino de vacaciones y los llevé a Monserrate. Fuimos a almorzar y la cuenta fue por $630.000; no preguntamos precios y ese fue el fatídico error", afirmó el creador de contenido en el material difundido.
Según su relato, la orden no incluyó platos elaborados: "No pedimos cosas exóticas, fue una pechuga, un ajiaco, todo muy normal", señaló. Entre los precios que más le llamaron la atención mencionó un jugo por $20.000, una botella de agua por $10.000, una bandeja paisa por $80.000 y una mojarra por $90.000. Añadió que dos pechugas le costaron en conjunto $160.000 y que una picada se facturó en $50.000. El barranquillero comparó el precio del pescado con el que, según dijo, se cobra en restaurantes de Cartagena: "Una mojarra, al igual que Cartagena, 90 mil pesos. No tenían nada del otro mundo", sostuvo, y reconoció que las porciones eran generosas pero insistió en que ello no justificaba, a su parecer, el monto final.
La publicación generó una amplia reacción entre usuarios. Los comentarios oscilaron entre la crítica a los establecimientos del cerro —"Son ladrones en esos restaurantes", "Se pasaron y todos lo sabemos, muy mal"— y las bromas sobre el origen regional del denunciante, como "Y preciso a un man de la costa". Algunos usuarios apuntaron cambios recientes en los precios de zonas cercanas, entre ellas el sector de La Candelaria, mientras otros defendieron que las porciones ofrecidas correspondían al valor cobrado.
Qué dice la ley sobre los precios en restaurantes
Frente a este tipo de denuncias, la posición institucional es clara. Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encargada de vigilar las prácticas comerciales y proteger a los consumidores, los establecimientos comerciales tienen libertad para fijar sus tarifas de acuerdo con sus costos de operación, su ubicación y su infraestructura, siempre que esos precios estén debidamente informados y visibles para el público. No existe un tope regulado para restaurantes o negocios turísticos.
La única exigencia legal, de acuerdo con el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), es que esos precios estén informados y visibles antes de que el cliente realice el pedido, ya sea mediante carta física, digital o cualquier otro mecanismo que permita conocer el valor de cada producto. La ausencia de esa información, o el cobro de un valor distinto al anunciado, sí puede dar lugar a una queja formal ante la Superintendencia. En la práctica, si un establecimiento exhibe sus precios de forma clara, la entidad carece de fundamento legal para sancionarlo por el monto cobrado, por elevado que resulte al consumidor. El propio Brito reconoció no haber consultado la carta antes de ordenar.
Monserrate, cuyo santuario y buena parte de su oferta de servicios está vinculada a la Arquidiócesis de Bogotá, combina la función religiosa con puestos de comida típica y restaurantes que atienden a los visitantes que suben al cerro a pie, por funicular o por teleférico. La discusión sobre el costo de alimentos y bebidas en puntos turísticos de alta demanda es recurrente en redes sociales colombianas; los gremios de comercio suelen atribuir esos precios a los costos logísticos de operar en zonas de difícil acceso, donde el transporte de insumos y de personal implica gastos superiores a los de un restaurante de barrio.
Hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública del restaurante señalado ni de la administración de Monserrate, ni se sabe si el creador de contenido presentó una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante las autoridades distritales de protección al consumidor. El caso permanece, por ahora, como una denuncia individual difundida en redes.
El desenlace dependerá de si el afectado o algún consumidor formaliza una reclamación: en caso de acreditarse que los precios no estaban visibles o que se cobró un valor distinto al anunciado, la SIC podría abrir una investigación administrativa; de lo contrario, el episodio se mantendrá como un debate público sobre la conveniencia de que los visitantes consulten las tarifas antes de sentarse a la mesa en zonas turísticas de la capital.
