La Ordenanza Cívica es el instrumento con el que los ayuntamientos regulan comportamientos en el espacio público que no constituyen delito pero afectan a la convivencia: desde el consumo de alcohol en la calle hasta la ocupación de la vía pública con fines comerciales no autorizados. Su cuantía máxima está condicionada por la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, que gradúa las sanciones por infracción de ordenanzas municipales en leves, graves y muy graves en función de la gravedad de la conducta.
El incremento se enmarca en esa negociación. La cuantía máxima para la venta ambulante se situaría en 3.000 euros, un importe que se aproxima al techo que la normativa de régimen local permite imponer a los municipios por las infracciones más graves de sus ordenanzas. Vox condicionó su respaldo al conjunto del texto a la inclusión de este endurecimiento.
El top manta consiste en la venta ambulante de artículos —habitualmente sin las autorizaciones sanitarias, fiscales o de propiedad intelectual correspondientes— desplegada sobre mantas en calles y plazas. Ha sido objeto de atención municipal en numerosas ciudades españolas durante las últimas dos décadas: Barcelona, Madrid o Valencia han combinado operativos policiales de decomiso con sanciones económicas, con resultados desiguales, dado que buena parte de los vendedores se encuentra en situación administrativa irregular y carece de bienes embargables, lo que limita en la práctica la capacidad recaudatoria y disuasoria de las multas.
La misma ordenanza contempla, en sentido inverso, una rebaja de las sanciones para las personas que pernoctan en la calle o en parques públicos, con el argumento —recogido en la negociación— de que una multa de 3.000 euros resultaría excesiva para quienes se encuentran en situación de sinhogarismo. El equipo de gobierno diferencia así entre conductas asociadas a una actividad económica no regulada y situaciones de exclusión social, un doble criterio que suele generar controversia entre las asociaciones que trabajan con personas sin hogar y los colectivos de defensa de los vendedores ambulantes.
Un pacto local en la estela de otros gobiernos PP-Vox
El acuerdo se inscribe en la dinámica de coaliciones y apoyos parlamentarios que Vox mantiene en distintos ayuntamientos españoles desde 2019, en los que ha vinculado su respaldo a medidas en materia de seguridad y orden público. En Zaragoza, el PP gobierna sin mayoría absoluta desde las elecciones municipales de mayo de 2023, lo que obliga al alcalde a reunir apoyos puntuales en el pleno para aprobar ordenanzas, presupuestos y otras iniciativas.
Los precedentes de estos pactos locales se remontan a legislaturas anteriores en ciudades como Madrid, donde ambas formaciones negociaron ordenanzas de convivencia con un enfoque de mayor contundencia frente a la venta ambulante y la mendicidad. En esos procesos, el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones frente a colectivos vulnerables ha sido recurrente: entidades del tercer sector han advertido de que las multas rara vez se cobran cuando el infractor carece de recursos.
Desde el punto de vista jurídico, la potestad sancionadora de los ayuntamientos está sujeta al principio de proporcionalidad recogido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que exige que la sanción guarde relación con la gravedad de la infracción y las circunstancias del infractor. Los tribunales contencioso-administrativos han anulado en el pasado sanciones municipales por venta ambulante al considerar que vulneraban ese principio, un antecedente que abriría la vía a recursos si la ordenanza se aplicara de forma generalizada sin ponderar circunstancias individuales.
El equipo de gobierno defiende que la medida busca ordenar el uso del espacio público y proteger al comercio establecido, que ha denunciado la competencia de la venta sin licencia en las inmediaciones de zonas comerciales y turísticas. Los grupos de la oposición en el consistorio, entre ellos PSOE y Chunta Aragonesista, no han fijado hasta el momento una posición detallada sobre el contenido concreto del texto, si bien en debates previos han cuestionado el enfoque punitivo de las políticas de convivencia impulsadas por el gobierno local. Su reacción formal se conocerá cuando el articulado llegue al pleno.
El texto definitivo debe superar aún los trámites reglamentarios habituales: aprobación inicial, exposición pública, presentación de alegaciones por colectivos afectados y grupos municipales, y aprobación definitiva en el pleno del Ayuntamiento. Hasta que concluya ese proceso, las cifras y los supuestos concretos podrían variar respecto a lo negociado, como ha ocurrido en otras ciudades donde el articulado final difirió del anteproyecto inicial.
La aprobación definitiva de la Ordenanza Cívica marcará el siguiente hito, momento en el que se conocerán con exactitud las cuantías, los supuestos de aplicación y los mecanismos de graduación de las sanciones, tanto para la venta ambulante como para la ocupación del espacio público por personas sin hogar. Hasta entonces, el acuerdo entre PP y Vox continuará su tramitación técnica y política en el consistorio zaragozano.
