La reivindicación no es nueva. Los residentes de Tabarca llevan más de una década reclamando soluciones a problemas de transporte marítimo, limpieza, mantenimiento del patrimonio y conservación de espacios naturales, cuestiones que se enquistan, sostienen sus representantes, por repartirse entre tres niveles administrativos distintos: el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Estado. El acuerdo de abril formaliza esa demanda largamente sostenida y la traslada por primera vez a un procedimiento administrativo concreto.
Tabarca —cuyo nombre oficial es Nueva Tabarca— es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y, según defienden sus vecinos, la isla habitada más pequeña de España. Su único acceso es marítimo, principalmente mediante conexiones desde Alicante y Santa Pola, lo que la convierte en un territorio especialmente vulnerable a la climatología. Cuando el estado de la mar impide la salida de las embarcaciones, la isla puede quedar incomunicada durante horas, con las consecuencias que ello acarrea para el abastecimiento, la asistencia sanitaria o cualquier servicio que requiera el desplazamiento de personal desde tierra firme.
Qué cambiaría con la nueva figura
La figura de Entidad Local Menor, regulada por la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local y desarrollada por la normativa autonómica valenciana de régimen local, permite a un núcleo de población dentro de un municipio dotarse de una junta vecinal propia, encabezada por un alcalde pedáneo, sin que ello suponga la segregación del término municipal al que pertenece. Tabarca seguiría formando parte de Alicante; lo que cambiaría es su capacidad de gestión directa sobre asuntos como el alumbrado público, la recogida de residuos, la conservación de caminos o determinadas licencias menores.
Esta fórmula tiene precedentes en España, especialmente en zonas rurales de Castilla y León, Asturias o Galicia, donde núcleos de población alejados de la capitalidad municipal recurren a ella para agilizar la gestión de servicios básicos. Lo singular del caso de Tabarca es su naturaleza insular: sería, de completarse el proceso, una de las pocas Entidades Locales Menores de carácter insular del país, un formato poco habitual fuera de archipiélagos con estatuto propio como Baleares o Canarias, donde el régimen local se rige por reglas específicas.
Otro elemento que subrayan los promotores de la iniciativa es el acceso directo a determinadas líneas de subvención de la Diputación de Alicante o a fondos destinados a actuaciones locales, a los que, según sostienen, Tabarca no puede optar en la actualidad por carecer de personalidad jurídica propia dentro del entramado municipal. Esa vía de financiación adicional, defienden, resultaría clave para atender las necesidades de conservación de un espacio que combina patrimonio histórico —Tabarca conserva su recinto amurallado del siglo XVIII, levantado bajo el reinado de Carlos III para proteger a los colonos genoveses reasentados tras su cautiverio en el norte de África— y un entorno natural protegido como reserva marina desde 1986.
El proceso adquiere una dimensión particular por el contraste demográfico que define a la isla. Frente a los aproximadamente 50 residentes que la asociación vecinal cifra como población estable durante buena parte del año, los meses de julio y agosto multiplican esa cifra con la llegada de miles de visitantes diarios, atraídos por sus playas, su casco histórico y su condición de reserva marina. Ese desequilibrio estacional presiona infraestructuras pensadas para una población mínima: el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o la capacidad de los servicios sanitarios de urgencia, dependientes en última instancia de la llegada de medios desde Alicante.
Los promotores de la iniciativa insisten en que su objetivo no es romper el vínculo administrativo con Alicante, sino disponer de un nivel de gestión más próximo para decisiones que afectan directamente a quienes residen allí de forma permanente. La asociación asegura contar con el respaldo mayoritario de los vecinos censados, aunque el expediente, al implicar a distintas instituciones, no tiene un plazo de resolución predefinido y su tramitación puede prolongarse durante meses o años, como ha ocurrido en otros procesos de constitución de Entidades Locales Menores en España.
El Ayuntamiento de Alicante, del que depende actualmente la práctica totalidad de la gestión municipal de la isla, no ha hecho público hasta la fecha un posicionamiento oficial detallado sobre la solicitud, más allá de confirmar que el expediente sigue su curso tras el acuerdo vecinal de abril. La Generalitat Valenciana, competente en la regulación del régimen local autonómico, deberá pronunciarse en algún momento del procedimiento sobre la viabilidad jurídica de constituir esta figura en un territorio insular con las particularidades de Tabarca.
La reserva marina que rodea la isla, gestionada de forma compartida entre la Generalitat y el Ministerio para la Transición Ecológica, añade una capa de complejidad administrativa al proceso, puesto que cualquier competencia que pudiera transferirse a una futura junta vecinal tendría que articularse sin interferir en la normativa de protección ambiental vigente desde su declaración hace cuatro décadas.
A falta de un calendario oficial, el expediente iniciado en abril de 2026 marca el primer paso formal de un proceso que, de resolverse a favor de los vecinos, situaría a Tabarca como referencia dentro del debate más amplio sobre la despoblación y la gestión de núcleos pequeños y aislados en España, un fenómeno que afecta con distinta intensidad a zonas de montaña, comarcas del interior peninsular y también a enclaves insulares menores como este, frente a las costas de Alicante.
