La reapertura de las aulas se produce poco más de un mes después de que la ciudad autónoma comenzara a vivir uno de los episodios de mayor tensión migratoria de los últimos años. Desde el 30 de julio, la llegada de personas migrantes ha obligado a habilitar dispositivos de acogida de emergencia, algunos de ellos en zonas próximas a centros escolares, lo que ha generado inquietud entre las familias del entorno. El Ortega y Gasset, situado frente al puerto y a escasos metros de la playa del Trampolín, se convirtió en los días de mayor tensión en un punto de referencia: varias personas migrantes llegaron a pernoctar en esa franja de costa, según constató este diario, lo que explica en parte que el centro concentrara la atención mediática y la preocupación vecinal en el primer día de clase.
Uno de los padres consultados, que ejerce como enfermero, alertó del riesgo sanitario que a su juicio comporta la reapertura sin garantías suficientes de desinfección. Según explicó, desde el centro les informaron de que la limpieza se limitó a «pasar una fregona», una medida que, subrayó desde su condición de profesional sanitario, resulta insuficiente: «Así no se van las enfermedades».
Otro de los progenitores, identificado como Ramón, denunció la desproporción entre las dimensiones del recinto y los medios de seguridad propios disponibles. «Este centro tiene 6.500 metros cuadrados, 900 alumnos y toda la seguridad que hay es un conserje y un vigilante, todo frente a dos emplazamientos de inmigrantes ilegales», afirmó a este periódico. Otras familias consultadas coincidieron en señalar el miedo a posibles infecciones y la inseguridad general de la zona como los principales motivos por los que optaron por no llevar a sus hijos al colegio en la jornada inaugural.
La escasa afluencia de alumnos se suma a la manifestación protagonizada el día anterior por decenas de padres frente al mismo centro, en protesta por las condiciones sanitarias y de seguridad en las que debía producirse el regreso a las aulas. Ese antecedente inmediato marcó el tono con el que numerosas familias decidieron finalmente no acudir al colegio en el primer día de curso.
Quién responde de la salubridad de las aulas
La limpieza y desinfección de los centros educativos en España se rige por protocolos que corresponden a las administraciones autonómicas y locales, en coordinación con los servicios de salud pública cuando existe un riesgo epidemiológico específico. Tampoco ha trascendido una postura pública de las asociaciones de madres y padres del centro, más allá de la protesta celebrada la víspera.
Los especialistas en salud pública coinciden en que el riesgo de transmisión de enfermedades en un entorno escolar depende de múltiples factores —ventilación, densidad de alumnado, higiene individual— y no exclusivamente de la proximidad a asentamientos temporales de personas migrantes, cuyo estado de salud, salvo indicación epidemiológica específica de las autoridades sanitarias, no constituye por sí mismo un factor de riesgo diferenciado respecto a cualquier otro colectivo de población.
La situación no es inédita en la historia reciente de Ceuta. La crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, obligó a un despliegue del Ejército y alteró la actividad de espacios públicos de la ciudad. Aquel episodio se resolvió en cuestión de días, mientras que la situación actual, iniciada el 30 de julio, se prolonga ya más de un mes.
El Ministerio del Interior no ha ofrecido hasta la fecha un balance detallado y actualizado sobre el número de personas migrantes acogidas en Ceuta desde finales de julio ni sobre la capacidad real de los dispositivos habilitados. La Delegación del Gobierno mantiene desde el verano un dispositivo de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la gestión de los flujos migratorios, en el marco de la Ley de Extranjería y de los acuerdos de cooperación con Marruecos, sin que hasta ahora haya trascendido la incorporación de medidas específicas de refuerzo sanitario en centros educativos, un extremo que las familias afectadas reclaman de forma explícita.
La ciudad autónoma, con una población en torno a los 83.000 habitantes, dispone de una red educativa limitada que hace especialmente sensible cualquier alteración en la normalidad de los centros de mayor tamaño, como el Ortega y Gasset. La concentración de alumnado en pocos colegios amplifica el impacto de episodios como el de este martes, frente a ciudades de mayor tamaño donde la oferta educativa permite una mayor dispersión de la demanda.
En los próximos días, la atención se centrará en si la asistencia escolar se normaliza conforme avance la semana y en si las autoridades educativas y sanitarias de Ceuta ofrecen una respuesta pública a las quejas trasladadas por las familias sobre la limpieza de las aulas. También será relevante la evolución del dispositivo de acogida migratoria en la ciudad y la eventual adopción de medidas adicionales de seguridad en el entorno de los centros más próximos a los puntos de mayor tránsito.
