El pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, alcanzado tras las elecciones municipales de mayo de 2023, ha permitido al Partido Popular gobernar la ciudad con el respaldo de la formación de Santiago Abascal, sin que hasta ahora existiera una crisis de esta magnitud. La ruptura, de materializarse, obligaría al alcalde José Luis Sanz a reconfigurar los apoyos con los que aprueba ordenanzas, presupuestos y nombramientos, en un mandato que se prolonga hasta las municipales de 2027.
La Gerencia de Urbanismo, organismo autónomo municipal encargado de tramitar licencias de obra y actividad, ha concluido que el proyecto del centro de culto islámico se ajusta a los requisitos técnicos y administrativos exigibles, según la información municipal, motivo por el que prevé conceder la autorización. Fuentes de Vox han apuntado que el partido estudia impugnar la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa si la licencia se concede, aunque no ha detallado públicamente qué presuntas irregularidades alegaría ni ha presentado por el momento recurso formal alguno.
El marco legal: aconfesionalidad y libertad de culto
En España, la concesión de licencias urbanísticas para lugares de culto se rige por el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16 de la Constitución, que obliga a las administraciones a tramitar estas solicitudes con los mismos criterios que cualquier otro uso dotacional, sin que la confesión pueda ser motivo de denegación si se cumple la normativa. La libertad religiosa, desarrollada por la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, ampara el derecho de las confesiones a disponer de lugares de culto en condiciones equiparables a las del resto.
La vía contencioso-administrativa permite a particulares, entidades o formaciones políticas con legitimación activa recurrir actos administrativos ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si consideran que vulneran el ordenamiento jurídico. La tramitación de licencias urbanísticas en Andalucía se rige por la legislación autonómica del suelo y por el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, que determina los usos admisibles en cada parcela.
El Ayuntamiento ha defendido que la Gerencia de Urbanismo actúa como órgano técnico y que su función se limita a comprobar el cumplimiento de la legalidad urbanística, sin que quepa introducir en ese examen consideraciones religiosas o ideológicas. Según el consistorio, la licencia se concederá porque el proyecto «cumple la normativa». Una denegación no sustentada en motivos técnicos expondría además al Ayuntamiento a un recurso por parte de los promotores del proyecto y a una eventual condena en costas.
Precedentes: los tribunales frente a las trabas municipales
El debate sobre la construcción de mezquitas y centros de culto musulmán ha generado tensiones en otras ciudades españolas en las últimas dos décadas, con episodios en localidades catalanas como Badalona o Premià de Mar, donde ayuntamientos que denegaron o dificultaron licencias enfrentaron después procesos judiciales. El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el derecho a disponer de lugares de culto forma parte del contenido esencial de la libertad religiosa amparada por la Constitución.
Sevilla dispone en la actualidad de oratorios y salas de oración de menor tamaño, pero carece hasta la fecha de un centro de culto de las dimensiones y características del proyecto ahora en tramitación, que sus promotores han presentado como respuesta a una demanda de la comunidad musulmana de la ciudad. Representantes de asociaciones musulmanas locales han reclamado que se respete el procedimiento administrativo y han criticado lo que consideran un intento de politizar una decisión de naturaleza técnica.
El PP sevillano no ha realizado hasta el momento declaraciones públicas detalladas sobre cómo pretende gestionar una eventual ruptura del pacto de gobierno si Vox cumple su amenaza. La coalición entre ambas formaciones en Sevilla se enmarca en un fenómeno más amplio de acuerdos entre PP y Vox en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas desde 2019, con fricciones puntuales en materias como memoria histórica, políticas de igualdad o inmigración, aunque ninguna había derivado hasta ahora en una ruptura efectiva de un pacto en las grandes capitales andaluzas.
El calendario apunta a que la Gerencia de Urbanismo podría resolver el expediente la semana próxima, lo que obligaría a Vox a decidir si traduce su amenaza en una ruptura formal del acuerdo o si mantiene la colaboración institucional pese a las discrepancias. De confirmarse la concesión de la licencia y el consiguiente recurso, el caso quedaría en manos de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en un proceso que, a la vista de casos similares, podría prolongarse meses o años antes de una resolución firme.
