Los contratos se reparten entre distintas promociones. A principios de 2025, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez adjudicó a Securitas más de 300.000 euros para vigilar los solares de la Operación Campamento, cuando en el terreno solo había cuarteles. Un año después, en febrero de 2026, el ministerio repitió con la misma compañía y para la misma ubicación, esta vez por 377.000 euros. A esas cifras se suma un contrato de más de 170.000 euros encargado por la empresa pública Casa 47 para vigilar las obras del barrio mallorquín de Son Busquets.
La elección de Securitas como vigilante de los solares públicos llega después de que la unión temporal de empresas que forma junto a Vodafone protagonizara varios episodios de riesgo en la gestión del Servicio Cometa, el sistema que geolocaliza a maltratadores y víctimas. A principios de 2024 se produjo un error masivo en el volcado de datos durante el traspaso de la gestión desde Telefónica hacia Vodafone y Securitas. Meses después, un colapso en el sistema central provocó retrasos en la geolocalización de agresores y víctimas y obligó a activar de urgencia los protocolos policiales para las 4.500 mujeres usuarias del dispositivo.
Pese a esos antecedentes, el Ministerio de Igualdad adjudicó hace cuatro meses a la misma unión de empresas un nuevo contrato de más de 110 millones de euros para continuar gestionando el Servicio Cometa. El proceso de licitación abierta no tuvo en cuenta los fallos registrados en la etapa anterior, según la documentación consultada.
Un «juicio de valor» decidió Campamento
El pliego de la licitación para vigilar los solares de la Operación Campamento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, explica por qué Securitas se impuso a su competidora, Viten Seguridad, pese a que ambas empresas estaban prácticamente igualadas en criterios técnicos. La diferencia decisiva estuvo en el precio: Viten ofrecía sus servicios por 255.300 euros, mientras que Securitas pedía 57.000 euros más.
«La valoración de los criterios evaluables en función de un juicio de valor», recoge el pliego del Ministerio de Vivienda como justificación para adjudicar el contrato a Securitas pese a su oferta económica más elevada.
La contratación pública en España se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite ponderar tanto criterios evaluables mediante fórmulas —como el precio— como aquellos sujetos a un juicio de valor, siempre que los pliegos justifiquen su peso. En este caso, ese margen de valoración discrecional decantó una adjudicación hacia la oferta más cara.
El episodio se produce mientras la política de vivienda del Ejecutivo afronta tensión en otros frentes, como el despliegue anunciado para elevar a 10.000 las plazas de acogida en Ceuta y fijar un mando único a fin de año. Los contratos de Securitas vuelven a situar el foco sobre la relación entre el Gobierno y las grandes empresas de seguridad privada, un sector que el propio Ejecutivo ha reprochado en otras ocasiones que «hace negocio con el miedo».
