Las solicitudes de verificación llegaron a la universidad hace aproximadamente dos meses, según explicó el rector. Tras cruzar los documentos con sus registros académicos internos, la institución determinó que alrededor del 10% de los 200 diplomas remitidos correspondía a personas que no figuraban como egresadas de sus programas.
"Nos presentaron para que verificáramos alrededor de los 200 diplomas que ellos querían verificar y habían sido emitidos por nuestra institución. De esos 200, hay 20 diplomas donde señalamos que esas personas no estaban registradas como ingresadas de la Universidad de Panamá", señaló Flores.
Los documentos examinados no se concentraban en carreras vinculadas directamente con la docencia. De acuerdo con el rector, entre las áreas académicas consultadas figuraban Bellas Artes, Humanidades, Ciencias, Administración de Empresas e Ingeniería, lo que indica que la práctica no se limita a quienes buscan plazas de maestro frente a un aula. Flores precisó, además, que no todos los casos correspondían a personas completamente ajenas a la universidad: algunos habían cursado ciertos años de una carrera sin culminarla, mientras que otros nunca llegaron a matricularse, un matiz que complica la calificación jurídica de cada expediente.
Un patrón que no es nuevo
El rector recordó que la falsificación de documentos académicos no constituye un fenómeno reciente en el país. Citó, a modo de precedente, el caso de una persona que en años anteriores se hizo pasar por arquitecto utilizando un título que la universidad determinó falso al no hallar registro alguno de esa persona como estudiante. Flores sostuvo que uno de los destinos más frecuentes de estos diplomas irregulares es precisamente el ingreso a plazas dentro del Meduca: "Lo más frecuente son personas que pretenden ingresar al Ministerio de Educación", afirmó, en referencia a los concursos docentes que se tramitan por el Provel.
La directora de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, informó por su parte que hasta el momento se han identificado 401 casos de personas cuyos diplomas fueron certificados como falsos por las universidades correspondientes, una cifra que supera ampliamente el lote de 200 documentos remitidos a la UP y que apunta a la implicación de otras casas de estudio del país.
González explicó que esos 401 casos cuentan con respuestas de las instituciones de educación superior consultadas, que confirmaron que los documentos no fueron emitidos por ellas o que las personas señaladas nunca cursaron estudios en esas universidades. La funcionaria evitó identificar a las universidades que han colaborado con la pesquisa, al considerar que "ellas son víctimas de esos fraudes".
Denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción
Hasta la fecha, el Meduca ha presentado 16 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público por el presunto uso de títulos falsos, actuaciones que involucran a las 401 personas identificadas, entre docentes, directores, supervisores y una exdirectora regional. Los casos se investigan por posibles irregularidades relacionadas con nombramientos, ascensos y beneficios salariales dentro de la planilla estatal.
La investigación se originó, según González, luego de que participantes en concursos docentes a través del Provel cuestionaran los títulos y puntajes de otros concursantes. Al revisar el Registro Permanente de Elegibles, el Meduca detectó documentos que no coincidían con los registros de las universidades que supuestamente los habían expedido. El procedimiento establecido consiste en que el personal de auditoría remite copias de los diplomas cuestionados a las universidades señaladas como emisoras; una vez que la casa de estudios certifica que un documento es falso, el ministerio recopila la documentación y presenta la denuncia ante el Ministerio Público.
La funcionaria indicó que las verificaciones se realizan tanto con universidades oficiales como con instituciones particulares, y que continúan llegando nuevos casos a la Dirección de Asesoría Legal, lo que apunta a que la cifra de 401 expedientes podría ampliarse conforme avance la revisión del Registro Permanente de Elegibles. El requisito de idoneidad —la comprobación de credenciales académicas para ejercer la docencia y otras profesiones reguladas— es el punto de control que estos presuntos fraudes habrían burlado al momento del nombramiento.
La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar en cada uno de los 16 expedientes presentados si existen elementos suficientes para imputar responsabilidad penal a los señalados. Entretanto, el Meduca mantiene abierta la vía para que nuevas denuncias de concursantes en el Provel deriven en la identificación de más diplomas cuestionados, en una auditoría que, según sus responsables, sigue en curso.