Según su relato, Pérez describió situaciones de personas pernoctando en portales de edificios residenciales y calificó la situación de «insostenible». «Aquí vienen y te dicen que todo está tranquilo», afirmó, según el testimonio recogido, contraponiendo el mensaje institucional a lo que asegura percibir sobre el terreno. El vecino pidió que su intervención se emitiera «tal cual», sin cortes.
El residente también aludió a un despliegue reforzado de efectivos militares y policiales en las zonas céntricas, que vinculó a la visita presidencial, y dirigió una crítica directa a Pedro Sánchez, a quien responsabilizó de la situación por la gestión de las relaciones con Marruecos. Se trata de una valoración personal atribuida en exclusiva a quien la emitió, no de un hecho verificado.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, mantiene como posición oficial que la situación fronteriza en Ceuta está bajo control, apoyándose en los dispositivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el perímetro y en el puesto de control de El Tarajal. La Delegación del Gobierno en Ceuta y la Presidencia del Ejecutivo no han realizado declaraciones específicas sobre el testimonio vecinal recogido este sábado ni sobre la relación entre el despliegue de seguridad y la visita presidencial.
Una frontera con historial de crisis
Ceuta, con una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), es frontera exterior de la Unión Europea con Marruecos desde la adhesión española a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. La ciudad ha sido escenario en la última década de episodios de fuerte presión migratoria, el más grave en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a nado y a pie en pocas horas tras una relajación temporal de los controles marroquíes. Aquel episodio se produjo en plena tensión diplomática con Rabat por la acogida en España del líder del Frente Polisario y derivó en una crisis bilateral que tardó meses en encauzarse.
La cooperación migratoria entre ambos países se rige por acuerdos bilaterales que se remontan a 1992, reforzados tras 2021 con compromisos de control fronterizo, readmisión de menores no acompañados y colaboración policial contra las redes de tráfico. La normalización de las relaciones se escenificó en la declaración conjunta hispanomarroquí de abril de 2022, tras el giro español respecto al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
Organizaciones humanitarias y asociaciones vecinales han denunciado de forma recurrente la saturación del centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta, cuya capacidad oficial —en torno a 500 plazas según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones— se ha visto superada en varios episodios desde 2021, obligando a habilitar espacios alternativos de acogida.
El derecho de asilo y las condiciones de acogida en territorio español están regulados por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como por el Reglamento europeo de Dublín, que determina el Estado responsable de examinar cada solicitud. Ceuta y Melilla mantienen además un estatuto singular dentro de la Unión Europea que las excluye del espacio Schengen a determinados efectos, lo que condiciona el régimen de control fronterizo.
La política migratoria en la frontera sur es objeto de seguimiento parlamentario mediante comparecencias del Ministerio del Interior ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde grupos de la oposición han reclamado en los últimos meses mayor transparencia sobre los flujos migratorios.
Los próximos días determinarán si el Gobierno central ofrece una respuesta pública al testimonio difundido este sábado y si se conocen datos actualizados sobre la ocupación del CETI y los efectivos desplegados en el perímetro fronterizo, información que hasta el momento no ha sido facilitada con detalle en relación con este episodio.
