El relevo en Patrimonio, tres semanas antes del pleno
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, nombró a Toni Gallego responsable del área de Patrimonio municipal en la primera semana de julio de 2024, en torno a tres semanas antes del pleno ordinario del 24 de ese mes. Hasta ese momento, Patrimonio formaba parte de la cartera que gestionaba Rocío Gómez, quien conservó la concejalía de Urbanismo. El trasvase competencial, presentado en su momento como un reajuste administrativo, adquirió una nueva dimensión este jueves cuando el propio Gallego explicó ante los diputados valencianos las circunstancias exactas que rodearon el contacto previo al pleno. OKDIARIO ya había adelantado el 9 de febrero de 2026 que ese relevo se había producido aproximadamente veinte días antes de la sesión en la que Compromís tenía registrada su pregunta sobre Les Naus.
Gallego situó la conversación con Gómez de forma precisa: fue ella quien se aproximó a él «justo antes de comenzar el pleno» para pedirle que asumiese la respuesta a la interpelación de Compromís sobre la clasificación y el proceso de adjudicación de las viviendas de Les Naus. El ex edil subrayó ante la comisión que la iniciativa de trasladarle esa función fue enteramente de Gómez, y que él aceptó sin reservas —«somos compañeros y no hay ninguna pega», relató— porque nada en ese momento le hacía sospechar un problema de fondo. Fue entonces, sin que Gallego formulase pregunta alguna, cuando Gómez ofreció su explicación: «Es que yo tengo ahí una casa y no quiero que se mezclen las cosas».
Qué decía el papel y qué consta en la grabación del pleno
El ex concejal describió ante la comisión el contenido de la respuesta que leyó aquella tarde en nombre de la corporación: un texto preparado de antemano en el que se indicaba que la promoción cumple la legalidad vigente y que la clasificación de las viviendas como VPP corresponde a la Generalitat Valenciana, no al Consistorio alicantino. «Básicamente era que cumple la ley, que es la Generalitat la que realiza la clasificación», resumió Gallego, precisando que el pleno está grabado y que esa grabación constituye un registro verificable de cuanto allí se dijo. El diputado de Vox Miguel Pascual fue quien formuló a Gallego las preguntas que extrajeron ese relato.
La respuesta formal no fue impugnada en el momento: Compromís obtuvo una contestación oficial a su pregunta. La clave que emerge ahora de la declaración de Gallego no reside, sin embargo, en el contenido de ese papel —cuya corrección jurídica no ha sido cuestionada públicamente—, sino en la razón por la que la concejal originalmente competente declinó ofrecerla: el conflicto de interés derivado de ser cooperativista en la misma urbanización sobre la que se interrogaba. Que Gómez verbalizase ese conflicto espontáneamente, según el testimonio de Gallego, es el dato central que la comisión deberá ponderar.
Qué son las VPP y por qué importa quién las recibe en Playa San Juan
Las viviendas de protección pública están reguladas en la Comunitat Valenciana por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Generalitat, y por el Decreto 75/2007 del Consell, que desarrolla las condiciones de acceso. El régimen VPP implica precios máximos de venta tasados por la administración autonómica —sensiblemente inferiores al precio libre de mercado en zonas de alta demanda— y está reservado a quienes cumplan criterios de renta, empadronamiento y ausencia de otras viviendas en propiedad en el territorio. La urbanización Les Naus se encuentra en Playa San Juan, uno de los enclaves con mayor presión inmobiliaria del litoral alicantino, lo que amplifica el impacto económico de acceder a una de esas viviendas a precio protegido.
La compraventa de VPP por parte de funcionarios o cargos públicos no está prohibida per se, siempre que se cumplan los requisitos generales de acceso. Sin embargo, el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, obliga a los empleados y altos cargos a abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento en el que tengan un interés personal directo o indirecto. La cuestión que la comisión de investigación deberá dilucidar es si Gómez, como responsable de Patrimonio hasta la primera semana de julio de 2024, tuvo alguna intervención —directa o funcional— en decisiones municipales relacionadas con Les Naus mientras ya era cooperativista de una de sus viviendas.
La directora general y sus familiares: el otro frente del caso
El escándalo desborda la concejalía de Urbanismo. La directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, presentó su renuncia al cargo después de revelarse que dos hijos y un sobrino suyos figuran entre los adjudicatarios de viviendas en Les Naus, todas ellas ya escrituradas. La vinculación de familiares directos de una funcionaria con competencias sobre contratación pública y gestión de fondos con una promoción VPP en proceso de adjudicación es el elemento que elevó la gravedad política del caso y precipitó la apertura de la comisión de investigación parlamentaria.
Hasta la fecha, ni Gómez ni Pérez-Hickman han sido imputadas formalmente en ningún procedimiento penal, según la información pública disponible. La comisión de investigación parlamentaria es un órgano de control político, sin potestad para dictar resoluciones judiciales, pero sus conclusiones pueden trasladarse al Ministerio Fiscal si los diputados aprecian indicios de responsabilidad penal. Fuentes del grupo municipal del PP en Alicante no habían realizado declaraciones públicas adicionales sobre las revelaciones de Gallego en el momento del cierre de esta edición.
Precedente: conflictos de interés en vivienda protegida valenciana desde los noventa
El caso de Les Naus no es el primero en que una administración local valenciana afronta escrutinio parlamentario por la gestión de vivienda protegida. Durante los años noventa, diversas irregularidades en la adjudicación de VPP en municipios del área metropolitana de Valencia derivaron en investigaciones judiciales que evidenciaron la fragilidad de los mecanismos de control cuando los órganos adjudicadores carecen de auditoría externa sistemática. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno —aplicable a los entes locales— exige a los cargos públicos la declaración de bienes e intereses, pero la verificación cruzada de esas declaraciones con los expedientes de adjudicación de patrimonio público sigue siendo, en muchos ayuntamientos, un proceso manual y poco sistematizado, como ha advertido en varios informes anuales el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo autonómico valenciano.
Calendario de la comisión y próximos hitos
La comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre Les Naus fue constituida a instancias de los grupos de la oposición y tiene como objeto esclarecer el proceso de adjudicación de las viviendas, los posibles conflictos de interés de los adjudicatarios vinculados a la administración municipal de Alicante y la eventual intervención de cargos públicos en ese proceso. La declaración de Gallego de este jueves se enmarca en el ciclo de audiencias en curso; el calendario contempla llamar también a técnicos municipales, representantes de la cooperativa promotora y, previsiblemente, a las propias Gómez y Pérez-Hickman, cuya comparecencia podrá ser voluntaria u obligatoria en función de lo que acuerde la mesa de la comisión.
Una vez cerrado el periodo de comparecencias y aprobado el informe de conclusiones, el pleno de las Cortes Valencianas deberá votarlo. Si la mayoría parlamentaria acuerda trasladar los hechos al Ministerio Fiscal, el siguiente escalón sería la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía Provincial de Alicante. Fuentes parlamentarias manejan el segundo trimestre de 2026 como horizonte para el cierre de los trabajos de la comisión, plazo que podría ampliarse si surgen nuevas comparecencias o documentación relevante. La revelación de Gallego cierra, al menos parcialmente, la pregunta que sobrevolaba el caso desde febrero: por qué el Ayuntamiento realizó un cambio competencial en vísperas del pleno en el que se iba a preguntar precisamente sobre la urbanización donde una de sus concejalas tenía intereses directos.
