"Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente", declaró el mandatario ante periodistas. Aclaró que no se trata de una absolución: los beneficiarios seguirían considerados culpables del delito de colaboración con pandillas, pero saldrían de prisión bajo monitoreo.
El régimen de excepción salvadoreño, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de forma ininterrumpida por la Asamblea Legislativa de ese país, suspende garantías constitucionales como el derecho de defensa y el plazo ordinario de detención. Bajo ese marco han sido detenidas al menos 93,162 personas señaladas por el Gobierno de pertenecer a pandillas o de colaborar con ellas, cifra que Bukele citó al referirse al universo de posibles beneficiarios.
El plan distingue entre quienes ejercían control directo sobre la población bajo el dominio de las pandillas y quienes se limitaban a sobrevivir dentro de ese contexto. Como ejemplo, Bukele apuntó que no tendría el mismo nivel de colaboración quien ayudó a enterrar un cadáver que un joven que avisaba sobre movimientos policiales desde la entrada de un pasaje.
"Venimos de un país donde la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas, que eran el verdadero gobierno de este país y la verdadera dictadura de este país, era el día a día", afirmó Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
El mandatario no precisó los plazos de implementación, los criterios adicionales de elegibilidad, el número exacto de personas que podrían acogerse al plan ni si este ya está en marcha o continúa en fase de estudio, según lo que trascendió de su comparecencia. Tampoco detalló el esquema de monitoreo que aplicaría a los excarcelados.
Más de 500 muertes en custodia
El régimen de excepción se ha mantenido como el principal instrumento de la política de seguridad del Gobierno salvadoreño frente a las pandillas, y ha sido uno de los factores detrás de la alta aprobación popular que sostiene a Bukele, reelegido para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional vigente en el momento de su primera postulación. Organizaciones humanitarias han documentado, en el marco de esta medida, más de 6,400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con señales de violencia según esas denuncias.
"Estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad", sostuvo Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Amnistía Internacional ha alertado de que, bajo el régimen de excepción, el Estado salvadoreño podría estar incurriendo en crímenes de lesa humanidad, en referencia a las muertes en custodia y a las denuncias de abusos registradas desde 2022. La tensión entre la medida cautelar prolongada y la condena firme también ha ocupado a la justicia panameña, donde recientemente un tribunal revocó la fianza de $800,000 y mantuvo detenido al contratista del CRU de San Miguelito.
