La organización Mission Talk, que agrupa a más de 2,000 obispos y pastores evangélicos y a 1.2 millones de latinos evangélicos en Florida, encabezó la entrega de la misiva en la capital estatal. Según Omar Johnson, jefe de relaciones de las iglesias de la organización, el ritmo de ejecuciones se aceleró de forma notoria desde que DeSantis llegó al cargo: el estado pasó de un promedio de tres ejecuciones anuales, con años sin ninguna, a la cifra que amenaza con repetir el récord del año pasado. Florida concentra más de la mitad de las ejecuciones que se practican en Estados Unidos.
Al momento de la conferencia de prensa, Florida ejecutaba mediante inyección letal a James Robertson, un reo de 63 años que en 2008 mató a su compañero de celda mientras cumplía condena por robos, agresiones y un ataque sexual, con el propósito declarado de que lo condenaran a muerte. DeSantis firmó la orden de ejecución de Robertson el 1 de octubre, un día después de que se conociera el intento fallido de ejecución en Tennessee.
El estado tenía previsto ejecutar este martes a dos reos el mismo día, pero el gobernador frenó, por ahora, la muerte de William Lee Thompson, de 74 años, cuya defensa alega que padece demencia. La decisión no implica una suspensión definitiva de esa ejecución, sino una pausa cuyo alcance no se ha precisado públicamente.
"Este número nos tiene que invitar a pausar y reflexionar porque esto no solamente son estadísticas, representan vidas humanas, familias que tienen luto y decisiones que no pueden ser revertidas", declaró el pastor Omar Johnson, jefe de relaciones de las iglesias de Mission Talk.
El trasfondo inmediato de la petición es el caso de Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee en dos siglos, quien sobrevivió el 30 de septiembre a dos inyecciones letales y recibió el alta médica el fin de semana pasado por las secuelas del procedimiento fallido. El episodio reavivó en Estados Unidos un debate recurrente sobre los protocolos de ejecución y los riesgos de errores durante el proceso.
En ese contexto, el pastor Juan Carlos Calderón, de la iglesia Nuevo Comienzo en Palm Beach, recordó que, según el Death Penalty Information Center, 30 personas sentenciadas a muerte en Florida han sido exoneradas desde que existen registros. Para Calderón, esa cifra obliga a una revisión del sistema antes de continuar con el calendario de ejecuciones previsto.
"Ese número nos debe dar una razón para reflexionar, porque los seres humanos cometen errores, las investigaciones pueden cometer errores, las cortes pueden cometer errores. Y nuestro sistema judicial, tan importante que es, es administrado por personas imperfectas", argumentó el pastor Juan Carlos Calderón.
El pastor Esteban Rodríguez, del Centro Cristiano Pan de Vida en Kissimmee, pidió a Florida sumarse a los 23 estados de la unión que, según dijo, ya abolieron la pena capital. Rodríguez sostuvo que esa decisión trajo consigo una reducción de la criminalidad de aproximadamente un 10% en esos territorios.
Una fractura dentro del evangelismo latino
La carta entregada en Tallahassee expone una división dentro de una base electoral que tradicionalmente ha respaldado posturas de mano dura frente al crimen. Los líderes de Mission Talk, que representan a una comunidad de peso demográfico creciente en Florida, enmarcaron su petición en términos explícitamente religiosos, apelando a la "misericordia" antes que a un cuestionamiento jurídico de la pena de muerte como institución.
El planteamiento no busca, según los términos usados por los propios pastores, la abolición inmediata de la pena capital en el estado, sino una pausa que permita revisar el ritmo y los procedimientos de ejecución, en momentos en que DeSantis ha hecho de la aplicación de la pena de muerte uno de los sellos de su gestión como gobernador.
La pena capital figura entre las penas que más países han retirado de su ordenamiento en las últimas décadas. En América Latina su abolición total o para delitos comunes es la regla en la mayoría de los Estados, un contraste con la vigencia que mantiene en buena parte de Estados Unidos y, de manera señalada, en Florida. La discusión sobre garantías procesales y exoneraciones posteriores a una condena ha sido documentada por organismos de derechos humanos en distintas regiones del mundo.
La movilización evangélica se produce en paralelo a otros virajes en la región sobre decisiones de alto voltaje político, como el que llevó a El Salvador a retirar al bitcoin como moneda legal cinco años después de haberlo adoptado. En Florida, el margen es estrecho: el estado se mantiene a dos ejecuciones de igualar el récord de 19 reos ajusticiados que él mismo estableció en 2025.
"Como resultado de esta decisión, la criminalidad ha caído en estos estados en aproximadamente un 10 %", señaló el pastor Esteban Rodríguez, del Centro Cristiano Pan de Vida en Kissimmee, al pedir a Florida que se una a los 23 estados que han abolido la pena de muerte.
