El malestar vecinal por el estado de la limpieza viaria en Llucmajor, municipio de más de 39.000 habitantes según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025, se habría intensificado en las últimas semanas coincidiendo con la finalización del contrato de la anterior adjudicataria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, según el relato de Da Silva. El empresario, que se presenta como vecino afectado e interlocutor de otros residentes, describe que la acumulación de residuos no se limitaría a puntos aislados, sino que alcanzaría a zonas residenciales de alto valor donde, según su versión, algunos vecinos se habrían encontrado montañas de basura frente a sus viviendas pese a seguir abonando la tasa municipal.
«No se les olvida cobrarme la basura, pero se les olvida recogerla», afirmó Da Silva, quien sostiene que decidió involucrarse de forma directa en la búsqueda de una solución. Para ello, según relata, mantuvo contactos con la alcaldesa Xisca Lascolas y con el jefe de la brigada municipal, Sebastián Puig. La interlocución posterior, en sus palabras, se convirtió en un «partido de tenis» sin resultado: «Le preguntas a Xisca y te dice ve a hablar con Sebastián, y cuando estás con Sebastián, te dice ve a hablar con Xisca. Solución: ninguna», recriminó.
El empresario elevó el tono al cuestionar la capacidad organizativa del consistorio. «¿Te parece normal que personas así no estén capacitadas? En una empresa privada durarían dos días. Esto es un municipio gobernado por cuatro monos con pistolas», aseveró en la entrevista, en referencia al equipo de gobierno local.
La gestión de los residuos sólidos urbanos está regulada por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de la recogida, el transporte y el tratamiento de las basuras domésticas. La Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local establece además este servicio como prestación mínima obligatoria en municipios del tamaño de Llucmajor. La extinción de un contrato de concesión sin una adjudicación en vigor, o con periodos de transición mal resueltos, ha sido en España un factor recurrente detrás de crisis puntuales de recogida, como las registradas en la última década en ciudades como Jerez de la Frontera o Sevilla.
El Ayuntamiento de Llucmajor no ha realizado, hasta el momento, declaraciones públicas específicas en respuesta a las críticas de Da Silva, por lo que no ha sido posible contrastar de forma oficial el estado de la licitación del nuevo contrato de recogida ni el calendario previsto para su resolución. Ni la alcaldesa Xisca Lascolas ni el jefe de la brigada municipal, Sebastián Puig, han podido ser contactados para ofrecer su versión de las reuniones descritas. La corporación está gobernada por el Partido Popular, formación que también encabeza el Govern balear y el Ayuntamiento de Palma.
En sus declaraciones, Da Silva diferenció de forma explícita su crítica al gobierno municipal de Llucmajor de su valoración sobre otras instancias del propio partido. El empresario elogió la gestión del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, a quienes calificó de «impolutos»: «El PP de Palma para mí es impoluto. Impoluto el alcalde e impoluta la gestión de Marga Prohens», declaró, para añadir que la situación en Llucmajor «le hace un flaco favor» al partido.
Da Silva destacó además la labor del regidor Alexandro Gaffar, de la formación Llibertat Llucmajor, a quien atribuye haber sido, según sus palabras, «el único político del municipio que realmente se ha interesado, preocupado y volcado en intentar hacer las cosas bien». Llibertat Llucmajor no forma parte del equipo de gobierno municipal, según la composición surgida de las elecciones locales de mayo de 2023.
Los problemas de recogida de residuos tras el vencimiento de contratos de concesión no son infrecuentes en la administración local española. La transición entre concesionarias sin interrupciones en el servicio se complica cuando los procesos de licitación, sujetos a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se prolongan más allá de lo previsto, obligando en ocasiones a prórrogas o a la prestación directa del servicio por parte del propio ayuntamiento mientras se resuelve la nueva adjudicación.
El caso de Llucmajor se enmarca en un contexto autonómico en el que la gestión de servicios públicos municipales ha generado tensiones puntuales en distintos consistorios de las Islas Baleares en los últimos años. No consta, por el momento, que la situación actual haya motivado intervención del Govern balear ni recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La evolución del conflicto dependerá en gran medida de si el Ayuntamiento de Llucmajor formaliza una nueva adjudicación del servicio de recogida y del calendario que se establezca para normalizar la limpieza viaria en el núcleo urbano y las urbanizaciones afectadas. La corporación celebrará previsiblemente un pleno ordinario en las próximas semanas, foro en el que la oposición podría plantear preguntas sobre el estado del contrato y las medidas adoptadas para atender las quejas vecinales.
