El incendio, todavía activo en algunos puntos de la Sierra Oeste, ha obligado a cientos de familias a pasar noches fuera de sus domicilios y ha dejado a numerosos negocios sin capacidad de operar. La Comunidad de Madrid ha ido desplegando progresivamente una red de puntos de atención en los municipios afectados, a los que se ha sumado ahora este refuerzo específico en materia laboral y de Seguridad Social, gestionado en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, con el que el Ejecutivo regional firmó un acuerdo para prestar servicio a los damnificados desde el pasado lunes.
El caso de Alberto Tardón, vecino de Colmenar del Arroyo de 65 años y empresario del sector de la construcción, ilustra el tipo de perjuicio que este servicio trata de amortiguar. Según su relato, una llamada de la alcaldesa del municipio le informó de que la nave donde almacenaba maquinaria había quedado inservible. Tardón había decidido continuar con su actividad en lugar de jubilarse, y ahora deberá reponer un material que las llamas convirtieron en chatarra. Fue la propia regidora quien lo remitió al PATI para recibir orientación sobre los pasos a seguir con su negocio.
Carlos Ruiz, director institucional del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, detalló el perfil de los afectados que acuden a estos puntos. «Hemos atendido mayoritariamente a autónomos que se han visto afectados por el cese de actividad, no tanto por sus locales o vehículos. Pero también a trabajadores por cuenta ajena que no saben cómo reclamar o que no son conocedores de sus derechos», señaló Ruiz, que solo en Colmenar del Arroyo resolvió las dudas de 25 personas en una sola jornada.
El asesoramiento que prestan estos profesionales abarca prestaciones, subsidios y ayudas públicas de carácter laboral, además de cuestiones de Seguridad Social, expedientes laborales, suspensión o reducción de la actividad empresarial y medidas de flexibilidad laboral orientadas a mantener el empleo. También resuelven consultas sobre las obligaciones de cotización derivadas de la situación excepcional. Se trata de un abanico de trámites que, en emergencias como esta, suele generar incertidumbre entre pequeños empresarios y trabajadores que desconocen los mecanismos previstos por la normativa laboral y de protección social.
A este refuerzo laboral se añade el trabajo del Colegio de Abogados de Madrid, cuyos profesionales atendieron 70 consultas durante la primera semana tras el incendio, principalmente relacionadas con la cobertura de seguros de viviendas, vehículos y negocios calcinados. Este servicio jurídico se presta, entre otros puntos, desde el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) habilitado en San Lorenzo de El Escorial, instalado en la sala de bodas del complejo judicial del municipio, donde ya se han realizado 20 consultas especializadas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, subrayó este lunes que estos servicios complementan el operativo de ayuda que el Ejecutivo regional desplegó «desde el minuto uno» tras el estallido del incendio. Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, el balance global de la atención a los damnificados asciende ya a más de 1.140 vecinos asistidos en los distintos puntos habilitados en la comarca.
El Gobierno regional mantiene, además, el alojamiento y la manutención de 83 personas que no pueden regresar a sus viviendas por el estado de sus municipios o por el riesgo que persiste en algunas zonas, así como el cuidado de 33 animales en la misma situación. El servicio de asesoramiento se presta en tres modalidades: atención presencial de 10 a 14 horas, telefónica de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, y también por vía telemática, pensada para quienes tienen dificultades de desplazamiento tras perder vehículos o ver dañadas las vías de acceso a sus localidades.
Un protocolo que se ha ido perfeccionando desde los grandes incendios de la sierra
Los incendios forestales de gran magnitud han sido recurrentes en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas, si bien la respuesta institucional en materia de asesoramiento jurídico y laboral a los afectados se ha ido perfeccionando con el tiempo. Episodios anteriores en la sierra madrileña sirvieron de precedente para diseñar protocolos de atención que hoy se activan de forma más coordinada entre administraciones y colegios profesionales. En materia de Seguridad Social, la normativa española prevé mecanismos excepcionales para trabajadores y empresas afectados por catástrofes naturales —aplazamientos en el pago de cotizaciones, bonificaciones y, en determinados supuestos, prestaciones por cese temporal de actividad para autónomos—, recogidos en el Estatuto del Trabajo Autónomo y en la normativa de la Seguridad Social sobre situaciones de fuerza mayor. Son precisamente estos mecanismos los que los graduados sociales del PATI explican de forma individualizada a cada afectado.
El foco se desplaza ahora hacia la evolución del propio incendio, cuya extinción total marcará el momento en que la atención pueda concentrarse plenamente en la fase de reconstrucción. La Comunidad de Madrid no ha precisado todavía un calendario de ayudas económicas directas para la reposición de maquinaria, naves o vehículos siniestrados, un extremo que empresarios como Tardón esperan que se concrete en las próximas semanas, a medida que se cuantifiquen los daños en cada municipio.
