La fiscalía solo alcanzó esa extensión tras un pulso procesal con la primera instancia. El 14 de mayo, un juzgado se negó a ampliar el plazo de la pesquisa. El 28 de septiembre, el Tribunal Superior concedió un amparo de garantías constitucionales que revocó esa negativa y habilitó la nueva prórroga formalizada esta semana.
Las 14 fincas en disputa suman 33,712 metros cuadrados y fueron entregadas por la empresa Pillar Construction, S.A. —que luego cambió su razón social a Bastimentos Holding— para compensar a 412 trabajadores que participaron en una huelga declarada legal por el Ministerio de Trabajo entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008.
El conflicto se remonta al 30 de agosto de 2011, cuando el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola condenó a Pillar Construction a pagar $5.8 millones en salarios caídos y casi $1.2 millones adicionales. Un año después, ante la imposibilidad de la empresa de cubrir la deuda en efectivo, se alcanzó un acuerdo extrajudicial para saldarla mediante el traspaso de las fincas, valoradas entonces en unos $3 millones.
En esa negociación, los 412 trabajadores estuvieron representados por el Suntracs, aunque algunos de los beneficiarios ni siquiera estaban afiliados al sindicato. Al formalizarse el traspaso, las propiedades quedaron registradas a nombre de la organización sindical y no de cada trabajador beneficiado.
El punto central de la investigación es el uso posterior de esas fincas, que en teoría pertenecen a los 412 obreros de Red Frog. Según el expediente, las propiedades fueron utilizadas como garantía de un préstamo que el sindicato solicitó a su propia entidad financiera, la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, hoy clausurada por las autoridades.
López y Méndez conservan la condición de investigados dentro del proceso. La prórroga del Tribunal Superior permite a la fiscalía continuar recabando elementos probatorios durante un año antes de definir si existen méritos para avanzar. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada concentra las causas de mayor complejidad patrimonial y de criminalidad organizada en el país.
El caso se suma a otros procesos recientes de los tribunales panameños, como el fallo de la Corte Suprema que declaró legal el traslado a Coiba de alias 'El Abogado', ligado a Bagdad o la confirmación de la detención domiciliaria del exdirector de la CSS Enrique Lau.
El nuevo plazo de un año, concedido este jueves por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, fija el marco temporal para que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reúna y presente los elementos de su investigación.