El acuerdo establece las condiciones técnicas y los plazos que deben cumplir propietarios y constructores para habilitar o reparar las aceras frente a sus predios, bajo riesgo de multas en caso de incumplimiento. Su aplicación ha generado reclamos de ciudadanos que afirman haber ejecutado obras con autorizaciones previas de la propia comuna, pero que ahora enfrentarían nuevas exigencias bajo el marco vigente.
Entre los casos figura el de Cedeño, quien cuestionó que la Alcaldía le exija requisitos adicionales sobre una acera ya construida con permiso municipal. El afectado anunció que presentará una demanda contra el municipio por las exigencias impuestas sobre obras que, sostiene, contaban con la debida autorización al momento de ejecutarse.
La revisión busca, según la Alcaldía, delimitar con mayor precisión los supuestos en que corresponde sancionar y aquellos en que las obras cuentan con el respaldo de un trámite municipal anterior, de forma que no se penalice a quienes actuaron conforme a una autorización vigente al momento de construir.
La fiscalización de aceras y espacios de uso público no es un asunto nuevo para el municipio capitalino, que en años recientes ha intensificado los operativos de verificación de permisos de construcción y uso de suelo en corregimientos de alta densidad. La discrecionalidad en la aplicación de este tipo de normativas ha generado reclamos similares de propietarios que alegan haber actuado de buena fe al amparo de autorizaciones previas de la propia administración.
El régimen administrativo vigente contempla, para objetar una multa municipal, la posibilidad de interponer recursos ante la propia Alcaldía y, de no prosperar, acudir a la vía contencioso-administrativa ante los tribunales correspondientes. La demanda anunciada por Cedeño se enmarca en ese esquema de impugnación.
La controversia por el Acuerdo Municipal 316 se suma a otros episodios recientes en los que figuras públicas han confrontado a las autoridades panameñas por decisiones administrativas, como ocurrió cuando Chilavert replicó a Mulino por el caso Ueno Bank, al exigirle atender primero los asuntos internos del país.
La Alcaldía no precisó un plazo para concluir la revisión del acuerdo ni detalló qué artículos serían modificados, aunque reiteró que el objetivo de la medida es evitar que los propietarios con obras amparadas en permisos anteriores resulten sancionados bajo la aplicación actual de la norma.