De repartirse los 2,766 asistentes administrativos I entre los 71 diputados que integran el pleno, a cada legislador le corresponderían 39 funcionarios bajo esa denominación, una proporción que contrasta con la plantilla real de algunos despachos. El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, ha señalado que en su oficina trabajan cinco personas en total, una de ellas con el cargo de asistente administrativa.
Dentro del mismo cargo conviven remuneraciones muy distintas. El salario más bajo entre los asistentes administrativos I es de $600 y el más alto llega a $5,000, aunque la mayoría percibe $1,000 y la mitad gana $1,200 o menos. Un grupo de 458 funcionarios cobra $2,000 o más, y 71 superan los $3,000 mensuales. A esa cifra se suman 835 asistentes administrativos II, con un salario promedio de $2,244, con lo que ambos niveles concentran 3,601 cargos, el 43% de toda la planilla legislativa.
La Asamblea se rige por la Ley de Carrera Legislativa y no hace pública la descripción de funciones de sus asistentes administrativos I, a diferencia del resto del Estado, donde el cargo sí tiene una definición oficial. El Manual General de Clase Ocupacional de la Dirección General de Carrera Administrativa describe a ese funcionario como quien colabora con el jefe de una unidad en la tramitación de asuntos administrativos: participa en el anteproyecto de presupuesto, controla partidas de gasto, redacta correspondencia, tramita compras y viáticos, y supervisa al personal de la unidad. El perfil exige, en papel, una licenciatura en administración pública o carreras afines, un título técnico, dos años de universidad en esas áreas o dos años de experiencia en trámites administrativos.
Las cuotas de poder de los diputados
Buena parte de los nombramientos en el Legislativo responde a las cuotas de poder de los diputados y de quien preside la institución. El diputado de Bocas del Toro y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, tenía en mayo de 2025 a 145 personas en su despacho, con un costo mensual de $261,255. El propio Robinson apeló a su trayectoria para justificar ese personal.
"Imagínese que en cada año yo pueda lograr que el presidente nombre 20 o 30 personas, en los 40 años cuántas personas (debo tener). El que acaba de llegar hoy no puede tener la misma cantidad que Benicio", aseguró el diputado Benicio Robinson.
Detrás de los asistentes administrativos I y II figuran otros cargos numerosos: 703 oficinistas legislativos, 626 oficinistas I, 550 ayudantes generales y 475 asesores administrativos legislativos. En conjunto, esos seis cargos suman más de 5,900 funcionarios, siete de cada diez empleados de la Asamblea. La planilla registra además 68 personas con el cargo de diputado, pese a que el pleno cuenta con 71 curules, una diferencia cuyo origen no se ha explicado.
El presupuesto se duplicó en nueve meses
Con $13.2 millones al mes, la planilla actual equivaldría a unos $158 millones si se mantuviera durante doce meses. Según los informes de ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del Órgano Legislativo pasó de $98.7 millones en enero a $203.5 millones al 30 de septiembre, más del doble, como ya había reflejado el presupuesto de la Asamblea al llegar a los $203 millones, el doble de lo aprobado para 2026. El incremento responde a traslados de partida y créditos extraordinarios aprobados por la Comisión de Presupuesto, en paralelo a el debate del presupuesto 2027 de $35,111.7 millones que el pleno sostiene en sesión permanente.
Desde el 1 de julio, la Asamblea, que por estos días permanece en receso de sesiones plenarias, está presidida por la diputada Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas. El presupuesto legislativo equivale a 27 veces el del Ministerio de la Mujer ($7.4 millones), 26 veces el de la Defensoría del Pueblo ($7.9 millones), 22 veces el de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ($9.4 millones) y 18 veces el de la Secretaría Nacional de Discapacidad ($11.5 millones). También supera al Tribunal Electoral ($113.6 millones) y a la Contraloría General de la República ($152.3 millones), según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de septiembre pasado.